El nuevo gobierno municipal de Barcelona, liderado por Jaume Collboni (PSC), ha enterrado el plan de los comunes de Ada Colau para erradicar el ocio nocturno del Front Marítim. Fuentes próximas al equipo socialista han trasladado a Crónica Global que, en una reunión celebrada el jueves, hablaron de no retirar las licencias a las cinco grandes discotecas y restaurantes que operan en primera línea de playa, incluyendo las premiadas Opium y Shoko, como intentaron sus antecesores hasta en dos ocasiones.
El motivo sería que el Ayuntamiento de Barcelona ha asumido que faltan discotecas para cubrir la demanda de ocio nocturno que existe en la ciudad. Solo el cerrojazo de estas cinco salas y restaurantes -Shoko, Carpe Diem, Aqua, Ice Bar y Opium- supondría dejar en la calle a aproximadamente entre 7.000 y 8.000 usuarios, según fuentes del sector. Por eso, en lo que compete al consistorio, no se impedirá que sigan funcionando.
Cabe tener en cuenta que no es la única Administración con potestad para decidir sobre su futuro. Los terrenos en los que están ubicados son portuarios y, por lo tanto, de propiedad Estatal.
Discoteca Opium, que el gobierno de Ada Colau intentó desalojar
La pugna por las discotecas
Con este movimiento se da por zanjada la pugna por el futuro de las discotecas de primera línea de mar. Cabe recordar que los de Ada Colau intentaron por primera vez en 2019 cambiar los usos de la zona para obligar a la clausura de los locales en cuanto venciera su licencia. Pese al anuncio del consistorio, las grandes salas consiguieron resistir gracias a una moratoria de cinco años de alquiler después de que el Ministerio de Hacienda las excluyera de la subasta pública de otros 26 locales de la zona, entre los que se incluyó Pachá.
Aún así, el verano pasado los comunes intentaron, de nuevo, echar a las cuatro grandes discotecas para ampliar el Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Prórroga para las discotecas
De hecho, anunciaron que el centro de estudios se instalaría en el espacio que ocupa Opium, de 2.565 metros cuadrados, el 1 de enero de 2023, tan solo dos meses y medio después de la fecha de vencimiento de su concesión. En una segunda fase, la idea era que el CSIC ocupara también los locales de las vecinas Shoko y CDLC, que ocupan 690 y 1.075 metros cuadrados, respectivamente.
La presentación ante los medios sorprendió al propio dueño de los terrenos. El Ministerio de Hacienda desconocía el proyecto y la cúpula del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC reconoció que ni siquiera se había empezado a negociar la cesión de los activos.
El Gobierno central zanjó la polémica (y el malestar que se había crado) al acordar prorrogar un año más de alquiler a Opium. Dio el paso después de que los gestores de la sala anunciaran que impugnaría el acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y el CSIC para desahuciarlos de la playa del Somorrostro.
Colaboración público-privada
Preguntadas sobre este asunto, las principales patronales del ocio nocturno han denegado hacer declaraciones, más allá de reconocer que la reunión con el consistorio fue "fructífera" y que se ha acordado reforzar la colaboración público-privada para afrontar la temporada estival y solucionar cualquier problema que pueda surgir. Especialmnete en el capítulo de la convivencia vecinal, la gran preocupación actual de los actores del sector.
Vista áerea del Frente Marítimo y del Puerto Olímpico de Barcelona
En este sentido, se han establecido líneas de contacto directo entre el empresariado del ocio nocturno y el distrito y la Guardia Urbana de Barcelona para “pasar el verano lo mejor posible”. Ambas partes se han comprometido a colaborar y dialogar. De hecho, han fijado un nuevo encuentro en septiembre, cuando termine la temporada, para hacer una valoración de la coordinación de todos los actores.