La nueva y polémica ley de vivienda impulsada por el Gobierno de España tendrá una aplicación desigual en el país. Mientras que comunidades como Madrid han manifestado su nulo interés por declararse zona tensionada de alquileres y aplicar las medidas contempladas en la nueva normativa, Barcelona quiere sumarse a las mismas con la máxima brevedad.
El Govern se ha sumado este jueves a las tesis de la alcaldesa Ada Colau y ha avanzado que tratará de utilizar estos instrumentos "lo antes posible". La Generalitat ha señalado que trabajará por "sacar adelante unos índices de referencia de los precios del alquiler", tal y como ya se hizo con la tumbada ley de alquiler catalana.
Un bloque de viviendas en construcción / EP
Línea de crédito
De este modo, el Ejecutivo autonómico se adaptará al nuevo marco jurídico y colaborará con el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana para desarrollar las políticas de este ámbito. Lo han explicado este jueves en declaraciones a los periodistas a las puertas del Distrito Administrativo de la Zona Franca la consellera de Economía, Natàlia Mas, y el conseller de Territorio, Juli Fernàndez, que han presentado una línea de crédito de 115 millones de euros abierta por el Govern.
Este instrumento de financiación se destina a promotores públicos y privados que construirán vivienda de alquiler social y que ya han logrado una subvención europea o de la Generalitat para ese fin. Se les ofrecerá un interés final inferior al 3%.
Cartel de pisos en alquiler / EP
Alquiler social
La convocatoria la publica el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) y se suma a las ayudas para la construcción de 3.116 viviendas de alquiler social en 38 municipios catalanes anunciadas el lunes, financiadas a cargo de 161 millones de los fondos Next Generation. Todo ello se enmarca en el objetivo de incorporar 10.000 nuevas viviendas al parque de alquiler social catalán en los tres próximos años, lo que debe suponer un crecimiento del 18 % con relación a hoy en día.
Los promotores que hayan logrado una subvención pública de la Generalitat o de fondos europeos podrán solicitar al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) un crédito mínimo de 250.000 euros, con un interés del 4,05% o del 3,8%. Asimismo, la Agencia de Vivienda de Cataluña bonificará parte de estos intereses: destinará 21,2 millones de euros a asumir el 1,1 % del citado interés.