Lejos de solucionar el problema del acceso a un hogar, la nueva ley de vivienda dificultará la búsqueda de piso a los jóvenes y a las familias más vulnerables. Es la advertencia que lanza el sector inmobiliario, que más allá del impacto de la inseguridad jurídica sobre los propietarios, pone el foco en las consecuencias sociales de intervenir el mercado, también para los mayores, que tendrán más dificultades para llegar a fin de mes si se recortan las pensiones y "se demoniza" a los propietarios de casas.
El cambio legislativo se añade a problemas como la alta incidencia de la okupación en Cataluña, el freno a la construcción que ha supuesto el 30% de vivienda social obligatoria en Barcelona, el exceso de burocracia y la falta de planificación a largo plazo. En su entrevista con Crónica Global, Vicenç Hernández Reche y Anna Puigdevall, presidente y directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), respectivamente, analizan la difícil situación del sector.