Expediente sancionador a la gurú de las residencias de mayores en España. Cinta Pascual, presidenta de las organizaciones empresariales de empresas de cuidado a los mayores ACRA, autonómica en Cataluña, y CEAPs, nacional, ha encajado un castigo por dañar una masía protegida de 1881 que quiere transformar un un geriátrico sin acuerdo con el propietario. 

Lo ha explicado una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona a Crónica Global, detallando que el distrito de Les Corts de la Ciudad Condal "ha abierto expediente de restitución y mantenimiento para evitar que se degrade el edificio catalogado" donde la compañía de Pascual construye su geriátrico. Asimismo, el gobierno de barrio, que dirige Joan Ramon Riera (PSC), ha apremiado a L'Onada Serveis, el grupo familiar de la directiva, "para que actúe". Barcelona también se ha dirigido al que aún es el titular del bien: la Fundación Sant Josep Oriol, a quien multó. 

El Arzobispado ya no gestiona el monumento

Pero es que esta entidad social, que depende del Arzobispado de Barcelona, "ya no gestiona el bien". Ante ello, "presentó alegaciones" al Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado una portavoz. Una fuente oficial del gobierno diocesano ha corroborado que el bien de 1881 "ya no está bajo su gestión, sino del operador privado". 

En efecto, la masía patrimonial la gestiona L'Onada Serveis, que ejecuta unilateralmente su proyecto de residencia en la masía pese a que su propietario ya no está de acuerdo con la obra. El contrato entre ambas partes se rompió y ha terminado en los tribunales. 

La residencia no está aprobada

Y es que L'Onada ha acometido trabajos previos de construcción del proyecto pese a que la tramitación urbanística no está completada. Lo ha explicado una portavoz municipal, que ha recordado que el plan "no ha recibido aún el visto bueno de la Comisión de Arquitectura". 

Mientras ello ocurre, los técnicos del ayuntamiento "están en contacto con la propiedad para exigir y garantizar que se respeten y se preserven adecuadamente los valores patrimoniales". 

El grupo de Pasqual ha comenzado las obras

Lo que queda fuera de toda duda es que el grupo de Pascual, L'Onada, ha iniciado las obras. Lo hizo a principios de 2022, como detalló Metrópoli. Y lo hizo pese a que el Arzobispado le había rescindido el contrato, y ante el estupor de la diócesis y los vecinos. 

Estos últimos se han unido en torno a la plataforma Salvem el Patrimoni de Les Corts y SOS Monuments para pedir que el Ayuntamiento de Barcelona se haga con el activo y lo proteja, dando así cobijo a uno de los escasos bienes con valor patrimonial que existen en el distrito. Ello, de momento, no ha pasado. 

A la 'caza' de Barcelona

Sea como fuere, el lío urbanístico con la empresa de Cinta Pascual en Barcelona tiene un ángulo empresarial. L'Onada fue una de las firmas más beneficiadas con la fase dura de la pandemia del coronavirus, pues recibió diversos contratos para gestionar residencias intervenidas por el Govern porque no podían hacer frente al virus y sufrían una cascada de muertes entre los ancianos. 

Un ejemplo: la funesta DomusVi Ca n'Amell de Premià de Mar (Barcelona), donde murieron 87 personas, y que fue intervenida, generó un contrato de 1,4 millones a L'Onada cuando asumió la tutela. O las gestiones de emergencia de las residencias de Tortosa (Tarragona) y el Hotel RoomMate Carla de Barcelona, permitieron facturar 374.929 euros y 334.621 euros, respectivamente, según el Registro de Contratos Públicos de la Generalitat de Cataluña. 

Quizá por ello, L'Onada aumentó ingresos hasta los 40,4 millones en 2021 y los 46 millones en 2022, desde los 30 millones de 2020. Con ese músculo, la firma de Pascual se lanzó a por el mercado barcelonés, pero ha empezado con mal pie.