Foment del Treball y la Associació de Promotors de Catalunya (Apce) consideran que la nueva Ley de Vivienda acordada por el Gobierno va "en la línea contraria" de ampliar el parque público de pisos y de poder tener una oferta diversa que dé respuesta a las necesidades de la sociedad.

En un comunicado conjunto este jueves, ambas entidades apuntan que las tensiones en el mercado residencial en alquiler en España se pueden atribuir "a la falta de vivienda a disposición de la ciudadanía", por lo que la solución no es la intervención de los precios del reducido parque, sino incrementar la oferta.

La patronal y los promotores catalanas advierten sobre las consecuencias "no deseadas" del control de rentas de alquiler --que, entre otras cuestiones, se actualizarán por debajo del IPC--, y que son conocidas en países donde se han implantado. Entre ellas, la reducción de la oferta de viviendas de alquiler, la disminución de la construcción futura y una peor calidad de los inmuebles, por ejemplo.

Propuestas

Las entidades piden que se fomenten fórmulas "realmente efectivas" para el crecimiento del parque público, como promover la colaboración público-privada, implementar incentivos fiscales a los propietarios para que introduzcan sus pisos vacíos en los mercados de alquiler, y mejorar la seguridad jurídica del propietario ante impagos u ocupaciones, entre otras acciones.

Asimismo, apuntan que el problema del acceso a la vivienda no es exclusivo del alquiler, sino también de la propiedad, y han señalado el acceso de los jóvenes a este mercado como otro de los principales retos.

Facilidades a los jóvenes

Así, han considerado esencial facilitar la concesión de préstamos por un porcentaje superior al 80% del valor del inmueble a aquellos jóvenes "con buenas perspectivas en el mercado laboral o bien la copropiedad de la vivienda entre el sector público (20%) y el joven (80%)", lo cual, a su juicio, contribuiría, a descongestionar la demanda de alquileres, sobre todo en las grandes ciudades.

Foment y Apce apuntan que la vivienda siempre se usa "como caballo de batalla en periodos electorales", lamentan que no se destinen suficientes recursos, y reclaman a las administraciones que dejen de traspasar su responsabilidad en materia de vivienda social al sector privado. "Cabe recordar, una vez más, que ha sido el sector privado el que ha construido más del 80% de las viviendas de protección oficial en Cataluña en los últimos 10 años", afirman.