La Consejería de Empresa y Trabajo ha propuesto una multa de 2,1 millones de euros para el grupo químico Iqoxe más de tres años después de la grave explosión en sus instalaciones de La Canonja (Tarragona) que causó tres muertos, dos de ellos trabajadores.
En concreto, la sanción contra la compañía se fundamenta en cuatro infracciones muy graves de la normativa sobre seguridad industrial. Entre estas, modificar la receta de un producto sin respetar las instrucciones del fabricante, evaluar los efectos de los cambios ni efectuar ningun ensayo previo para constatar si la reacción era segura.
Investigación abierta
Pero el expediente de la Generalitat, incoado tras la deflagración, también contempla otras tres irregularidades: silenciar las alarmas sonoras del sistema de seguridad en la sala de control, no proporcionar formación específica a los trabajadores y, por último, porque el panel de la sala de control de una de las unidades, U-3100, "no estaba siendo objeto de supervisión".
Planta industrial de Iqoxe en Tarragona / EFE
No es la única sanción contra la petroquímica: Inspección de Trabajo ya multó a Iqoxe con 180.000 euros por una infracción "muy grave". Además, una jueza de Tarragona ha procesado a la compañía y a cinco de sus directivos por un presunto delito contra el medio ambiente. La magistrada sospecha que desde 2017 hasta el accidente se habrían realizado vertidos al mar por parte del grupo.
Siniestro mortal
La explosión ocurrida el 14 de enero de 2020 se produjo en un reactor de la factoría dedicada a la producción de óxido de etileno y otras sustancias. Aparte de los tres fallecidos, dos empleados y un vecino de Tarragona, el siniestro dejó heridas a ocho personas.
A principios de 2022, la compañía invirtió 40 millones de euros en los trabajos de adecuación de la planta para recuperar la normalidad operativa.