El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado suspender cautelarmente la tasa del Ayuntamiento de Barcelona que grava a las empresas de reparto a domicilio que facturen más de un millón de euros al año por entregas a destinos finales, conocida como tasa Amazon, como pedía la patronal de paquetería UNO.
En el auto, el tribunal considera que no hay urgencia para suspender la tasa y recuerda que la primera recaudación no se liquidará hasta el 31 de julio. El tribunal mantiene la tasa en vigor mientras estudia el "fondo del asunto", y remarca que las cuestiones que se plantean requieren un adecuado debate y análisis, en sus palabras.
Información sensible
En los argumentos, responden también a una de las preocupaciones de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, sobre qué información sensible tendrían que aportar los operadores postales en relación con la nueva tasa.
En este sentido, el tribunal apunta a que la ordenanza no exige añadir datos personales y recuerda la obligación de confidencialidad de las administraciones tributarias. En un comunicado, la patronal criticó que se trata de un tributo "discriminatorio" que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños.
UNO, en definitiva, pronostica una potencial infracción de la normativa sobre protección de datos e incluso del secreto de las comunicaciones, pero el TSJC considera que de la ordenanza municipal “no se desprende que deba recolectar más datos que el número de destinos finales facturados. No se obliga a facilitar ni señalar los domicilios o a ceder los datos de los destinatarios, en contra de lo que asegura la actora”
Aprobación definitiva
El pasado 24 de febrero, el pleno de Barcelona aprobó definitivamente la tasa Amazon, que entró en vigor una semana después. El Ayuntamiento de Barcelona empezó a gravar las grandes distribuidoras de comercio electrónico por el uso del espacio público durante el reparto de mercancías a domicilio. El instrumento fiscal grava el 1,25% de la facturación bruta derivada de los costes de reparto que ingresan los operadores.
La tasa afecta a los operadores postales que facturen más de un millón de euros por las entregas realizadas en Barcelona. Según estima el Consistorio, tienen que pagarlo 26 plataformas. De estas, cinco concentran el 62% del volumen de negocio en la capital, con Amazon a la cabeza. El Ayuntamiento prevé recaudar hasta 2,6 millones de euros
La tasa también se aplica en caso de que alguna firma subcontrate la actividad a otras empresas o personas autónomas, pero la ordenanza dispone que deberá pagarla el operador postal.