El anuncio del traslado de la sede de Ferrovial a Países Bajos ha sido una bomba en el panorama empresarial español aunque no falta quien considera que, en realidad, se trata de una explosión controlada dado que la familia Del Pino, fundadora y principal accionista de la empresa a día de hoy, ha dado sobradas muestras de adoptar soluciones de este tipo como respuesta a cambios normativos o entorno hostiles a la gestión de su patrimonio.

Así, la relación de los dueños de uno de los mayores grupos de infraestructuras del mundo con Países Bajos viene de lejos, prácticamente de los primeros años del siglo XXI, con la compañía recién estrenada en bolsa.

Estructura societaria holandesa 

En la actualidad, cada uno de los herederos del fundador, Rafael del Pino Moreno, que aun conservan una participación en la compañía posee las acciones a título individual. Sin embargo, esto no siempre fue así. En vida del patriarca de los Del Pino, el paquete accionarial de control estaba cobijado conjuntamente en una cadena societaria que desembocaba en la patrimonial Portman Baela, domiciliada en Países Bajos debido a sus evidentes ventajas fiscales.

Un entorno que permitía a los empresarios tributar fuera de España los dividendos que repartía la compañía, de cuyo capital controlaban por entonces cerca de un 60%.

Hacienda estrecha el cerco

Pero la crisis financiera de finales de la primera década y la delicada situación financiera de las arcas públicas hizo que, nada más llegar al poder, el primer Gobierno liderado por Mariano Rajoy se pusiera manos a la obra para elevar la recaudación tributaria. De aquella época procede la polémica amnistía fiscal que permitió regularizar su situación a personajes ilustres como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Junto a esta medida, Hacienda fortaleció sus controles y exigencias y de aquellas e inició un proceso contra los Del Pino por el esquema que habían mantenido con Portman Baela para evitar la tributación en España. 

La situación se resolvió con un acuerdo más o menos amistoso con el Fisco, que pudo así rescatar en torno a 200 millones de euros que habían escapado de su control.

Por entonces, y tras el fallecimiento de Del Pino Moreno, los herederos habían decidido repartirse lo suyo y ejercer como accionistas individuales de Ferrovial de forma individual, salvo Fernando del Pino, que optó por vender su parte para emprender nuevos negocios por su cuenta.

Ahora, las sicav

De todos ellos, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, primogénito del fundador y presidente desde los primeros años 2000, ha sido el único que no ha dejado el vínculo societario holandés y, aun a día de hoy, prosigue ostentando el algo más del 20% que posee de Ferrovial a través de una instrumental con sede en Amsterdam, de nombre Rijn Capital BV.

Recientemente, los Del Pino decidieron igualmente cortar por lo sano como reacción a los cambios normativos introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en relación con las condiciones fiscales de las sicav, en vehículo que la familia de empresarios ha empleado desde hace décadas para canalizar y gestionar parte de su patrimonio, especialmente tras la salida a bolsa de la empresa.

Requisitos más duros

Tal ha sido la implicación de los Del Pino con las sicav que en 2004 decidieron constituir su propia gestora, Pactio Gestión, dedicada durante muchos años en exclusiva a la media docena de sociedades de este tipo que la familia llegó a tener activas. Desde hace unos años, Pactio está abierta a gestionar también sociedades de terceros. 

De ahí que llamara la atención que los dueños de Ferrovial se sumaran a las fortunas que decidieron liquidar o transformar sus sicavs en los últimos meses al no poder ya beneficiarse de una rebaja de Sociedades al 1%. A partir de la citada modificación normativa, la ley exige que los partícipes de estos vehículos tengan participaciones mínimas de 2.500 euros para evitar tributar al 25%, como una sociedad convencional.

Sin temblar el pulso

De resultas, los Del Pino han liquidado tres sicav, que sumaban un patrimonio bajo gestión próximo a los 300 millones de euros. Se trata de sus tres sicav de menor tamaño y, por lo tanto, la que más difícil tenían cumplir con el requisito que abre la puerta al beneficio fiscal.

Los hechos no hablan de empresarios a los que les tiemble el pulso a la hora de tomar decisiones determinados cambios de escenario o en entornos no beneficiosos para sus intereses. En el caso de Ferrovial, deberán convencer a los accionistas para hacerlo. Especialmente a los minoritarios, toda vez que uno de los fundamentos de la decisión es, precisamente, atraer a grandes inversores y dar satisfacción a los que ya apuestan por el grupo.