Más de 8.000 millones de futuros ingresos del Estado, recurridos ante la justicia

Algunas de las últimas medidas en materia tributaria aprobadas por el Gobierno ya se encuentran en distintas instancias de la justicia en forma de recurso. Una circunstancia que deja en el aire aproximadamente 8.000 millones de euros de ingresos públicos, que durante los dos próximos años llegarán a las arcas del Estado.

En concreto, se trata de los nuevos impuestos a los principales operadores de los sectores financiero y energético y el que se aplicará a las grandes fortunas, con especial incidencia en aquellas comunidades autónomas cuyos gobiernos bonifican casi en su totalidad el vigente impuesto de patrimonio. 

Recursos

En esta misma semana, las dos grandes patronales bancarias, CECA y AEB, han interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos en la Audiencia Nacional contra la nueva figura fiscal que gravará un 4,8% los ingresos obtenidos por aquellos bancos cuyo volumen de actividad supere los 800 millones de euros. 

El Gobierno determinó que este tributo era una manera adecuada para que el sector financiero contribuyera a paliar las dificultades económicas, especialmente de las rentas más bajas, en el actual contexto macroeconómico, marcado por la elevada inflación.

"Medida injusta"

En el caso del sector financiero, el Ejecutivo considera que la intensa subida de los tipos de interés, que ha encarecido de forma notable las cuotas hipotecarias, ha proporcionado beneficios extraordinarios a la banca.

Mientras las entidades afectadas estudian si recurrirlo por su cuenta (por ahora, Bankinter es el que se ha mostrado más firme en su decisión de hacerlo), las patronales han dado el primer paso, al considerar que se trata de una figura injusta y desproporcionada, al tiempo que discrepan sobre el carácter extraordinario de estos resultados.

Contravenir a Europa

En el caso del sector energético, esos supuestos resultados extraordinarios vendrían motivados por la notable subida de los precios de la electricidad y de las materias primas, agudizada por la invasión rusa de Ucrania. El tributo grava con el 1,2% los ingresos de las compañías; algunas de las afectadas han estado más decididas a dar el paso en los tribunales que los bancos, como han sido Iberdrola, Endesa y EDP.

Por su parte, Aelec, la patronal de las mayores empresas del sector, también ha presentado su propio recurso ante la Audiencia Nacional por considerar el impuesto discriminatorio e injusto, además de señalar que contraviene la postura de la Comisión Europea, que grava los beneficios y no los ingresos, entre otros factores. 

Desincentivo de la inversión

Este jueves, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, señaló en la presentación de resultados de la compañía ante los analistas que el impuesto es incompatible con la Constitución y con la normativa comunitaria, además de producir un desincentivo a la inversión que hace más difícil el proceso de transición hacia una economía descarbonizada.

Mientras, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, evitó valorar si el nuevo impuesto era injustificado con la perspectiva de los resultados de las compañías, aunque sí matizó que la sustancial mejora de los beneficios también se debía en buena parte a que 2021 “no fue aún un buen año”. No obstante, recordó que la decisión final sobre un posible recurso está en manos del consejo de administración. 

Madrid y Andalucía

Los que ya han tomado esa decisión han sido los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Andalucía, que han elevado un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas. La decisión del Ejecutivo andaluz se aprobó este mismo jueves en la reunión del consejo de Gobierno. 

Se trata de los dos territorios más afectados por la medida, toda vez que son los únicos que bonifican prácticamente en su totalidad el actual Impuesto de Patrimonio, con lo que han considerado que la decisión del Gobierno supone una invasión de sus competencias.

¿Perjuicio al contribuyente?

En cualquier caso, los procesos judiciales se prolongarán durante al menos dos años, con lo que los recursos no tendrán efecto inmediato sobre las arcas públicas. 

No obstante, si finalmente prosperan y el Gobierno es condenado a devolver las cantidades a las empresas, los principales perjudicados serán los consumidores, dado que será difícil que los nuevos impuestos no terminen repercutiendo en los precios de los servicios de las compañías afectadas, pese al esfuerzo normativo del Ejecutivo.