Demandan a la Consejería de Empresa por el concurso del voto electrónico en las cámaras

La empresa Staff Pavillon SL ha demandado por vía administrativa a la Consejería de Empresa y Trabajo para anular el concurso con que se elegirá a la compañía que preste la plataforma de voto electrónico de las elecciones camerales en Cataluña. Precisamente, la justicia anuló los comicios a cámaras celebrados en 2019, que auparon a la candidatura indepe Eines de País al frente de la Cámara de Barcelona, por los fallos detectados en este sistema de votación. Dicho sistema se puso en práctica por primera vez hace cuatro años y se pretende reproducir en las próxima llamada a las urnas.

El departamento dirigido por Roger Torrent ejerce como órgano tutelar del Consejo General de Cámaras de Cataluña, organización que agrupa a las 13 entidades catalanas de dinamización empresarial local y que licitó el voto electrónico en diciembre. Como publicó Crónica Global, la previsión del consejo es anunciar el adjudicatario del servicio, valorado en 150.000 euros sin IVA, hacia mediados de febrero.

Principio de igualdad, vulnerado

La demandante ha argumentado que "el motivo de la demanda de nulidad del citado concurso es la vulneración del principio de igualdad y, en extensión, la vulneración de los derechos fundamentales, de la población con derecho a voto" como consecuencia de la introducción del voto digital.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el Tribunal Supremo (TS) se han pronunciado en este línea en los últimos años confirmando las alegaciones de Staff Pavillon, que ve de nuevo falta de garantías en el proceso de renovación cameral que se celebrará a la vuelta del verano.

Oficinas de la Cámara de Comercio de Barcelona en la avenida Diagonal / EP

"Discriminación" entre electores

"La licitación vuelve a materializar un sistema de voto electrónico que vulnera el principio general de igualdad del artículo 14.1 de la Constitución Española, ya que las garantías entre el voto presencial y el voto en remoto vuelven a no ser las mismas: el voto en remoto no incorpora un doble factor de autenticación. Por tanto, no es robusto, mientras que el voto presencial sí que requiere de este doble factor", sostienen las mismas fuentes jurídicas.

En concreto, el TSJC estableció en 2020 que se implantó un sistema para los electores en remoto, a los que solo se requería un certificado digital, y otro para los electores presenciales, a los que se pedía este mismo certificado y otro factor de identificación. Esta diferencia de trato supuso una "discriminación", según los jueces, "una diferencia de trato entre electores ya que el voto emitido remotamente no dispone del sistema de autenticación robusto previsto para el voto presencial".

Licitación sin cobertura legal

Por otro lado, Staff Pavillon ha mostrado su "incredulidad" por el hecho de que los pliegos de contratación se remitan al decreto electoral de 2019. Los requisitos técnicos se amparan en el contenido del decreto 175/2018 que tumbó la justicia debido a que, en el curso de su elaboración, la Consejería de Empresa obvió el trámite de participación ciudadana.

"La empresa también denuncia que en los pliegos de prescripciones técnicas del concurso falta la cobertura legal que les ha de proporcionar el decreto que regulará las próximas elecciones a las cámaras de comercio de Cataluña". Ciertamente, el Govern está tramitando el nuevo decreto cuya fecha de publicación aún se desconoce. Sorprende, incluso, que el texto del concurso se refiera explícitamente a un decreto "pendiente de aprobación" en cuyo contenido deben incluirse las garantías de la plataforma de votación electrónica.