El sector inmobiliario ha recibido con satisfacción la nueva ley catalana antiokupa aprobada por el Parlament. La legislación aprobada con los apoyos --parciales y con enmiendas-- de PSC, ERC, Junts y Cs permitirá a los ayuntamientos denunciar la okupación conflictiva de vivienda, algo que hasta ahora solo podía hacer el propietario.
Finalmente ha quedado fuera del texto la habilitación a las comunidades de vecinos para que también puedan denunciar, un recorte que ha sido tachado de falta de valentía por parte del colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria (API) de Cataluña. Aún así, los consistorios dejarán de tener las manos atadas jurídicamente ante casos conflictivos.
Agentes de la unidad antidisturbios de los Mossos d'Esquadra (BRIMO) durante el desalojo de la casa 'okupa' Armadillo en Gràcia / TWITTER
Impulsada por el municipalismo
De hecho, la iniciativa venía impulsada desde el municipalismo: contaba con el apoyo del sector inmobiliario, pero fue configurada por Marta Madrenas, diputada y alcaldesa saliente de Girona, mientras que varios alcaldes socialistas también reclamaban más instrumentos para poder plantar cara a los okupas. Tras la aprobación de la ley, los API han reclamado al Estado medidas legislativas concretas "lo antes posible" para ofrecer más seguridad jurídica a los propietarios.
La asociación considera que la propuesta "es complementaria" y que "debe ir acompañada de otras iniciativas anunciadas esta semana en el ámbito legislativo del Estado para construir un cuerpo normativo que de seguridad jurídica lo antes posible para acabar con esta problemática". En un comunicado, el colectivo API ha asegurado, además, que la incorporación de enmiendas al texto propuesto inicialmente por Junts "ha restado potencia" a la iniciativa.
Carles Sala, abogado y exsecretario de vivienda del Govern / Flickr
"Ha faltado valentía"
"Ha faltado valentía para dar confianza a las comunidades de propietarios para que puedan actuar directamente ante los juzgados", ha asegurado el portavoz de los API de Cataluña, Carles Sala. El Parlament ha aprobado la ley antiocupaciones presentada por Junts que faculta a los ayuntamientos a promover desalojos ante ocupaciones conflictivas si el propietario --gran tenedor-- no actúa en 30 días, aunque con enmiendas de ERC que despojan a las comunidades de vecinos de esta potestad.
La asociación ha lamentado que Cataluña "no tenga competencias suficientes para actuar con contundencia ni para implantar regulaciones parecidas a las del ámbito europeo" y ha pedido que los ayuntamientos y las comunidades de propietarios "tengan poder de actuación para acabar con esta problemática económica y social". La API ha mostrado su esperanza de que la norma aprobada hoy no sea cuestionada por el Tribunal Constitucional.