Es Rafael Franco, el abogado que azuzó una macrodemanda fallida contra Restalia tras haber hecho lo propio en el pasado contra Granier, también sin éxito. El letrado sevillano se encuentra detrás de una querella por estafa contra el líder de la restauración en España, que ha terminado sobreseída en un juzgado de Madrid. La acción judicial, que captó a franquiciados del conglomerado, pone en cuestión la estrategia de Franco contra grandes empresas.
Alertan de ello fuentes del sector después de que el juzgado de Instrucción número 52 de Madrid haya sobreseído una denuncia presentada por franquiciados de Restalia a los que guió Rafael Franco. El escrito contenía imputaciones muy graves, como presunta estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos. La sala ha descartado actuar al entender que la denuncia es altamente "subjetiva" y constituía un "totum revolutum" de acusaciones. Con ello, se cierra el proceso judicial contra el dueño de marcas como 100 Montaditos, The Good Burger o La Sureña.
Muy similar a la denuncia contra Granier
La decisión judicial ha caído como un seísmo en la restauración española, toda vez que es el segundo fracaso de una macrodemanda del mismo abogado contra una gran cadena del sector. Fuentes de la industria recuerdan que la querella contra Restalia se interpuso en verano de 2021, casi en paralelo con el sobreseimiento provisional de otro intento judicial muy similar contra Granier.
Posteriormente, en febrero de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid dio carpetazo definitivo al intento de enjuiciar a la cadena de panaderías. Ahora, el nuevo archivo de la acción contra Restalia, con un contundente auto de la sala que preside la juez Ana Mercedes Merino, ha generado dudas sobre si los dos escritos eran una copia o un intento del letrado de armar querellas contra grandes grupos por otros intereses además del de dirimir responsabilidades legales.
Franquiciados: "Hay bastante más"
Este medio ha contactado repetidamente con Rafael Franco y su despacho, pero el abogado no ha contestado. ¿Qué dicen los franquiciados de Restalia? En conversación con este medio, Enrique Cebeira, exsecretario de la junta de la Asociación Española de Franquiciados del grupo, ha recomendado "hablar con el equipo legal que se encargó de la querella", prefiriendo no hacer comentarios de un caso "que no está cerrado".
Eso sí, el empresario ha asegurado que "hay mucho más que no ha salido", y espera que "el próximo juez que analice el caso entre al fondo del asunto". En relación al precedente de Granier, Cebeira ha asegurado "desconocer" esa primera querella sobreseída.
Despacho socio: "Nos sorprendió el archivo"
Por su parte, desde Cremades y Calvo Sotelo, el despacho de abogados que ha acompañado a Rafael Franco en esta ocasión, sostienen que les ha "sorprendido" el anuncio de que la denuncia no llegará a más. Jose Luis Gonzalez-Montes, socio del bufete y profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha avanzado que "están preparando el recurso" al entender que el sobreseimiento no atiende "a los indicios de conductas que tienen relevancia penal".
Gonzalez-Montes admite que su socio en esta causa, Franco, condujo también la querella contra Granier, que se archivó, pero también otras, como una contra Vitaldent, "que continúa en procedimiento". El letrado recuerda que los litigios entre cadenas y sus franquicias --Cremades representa a varios de ellos como KFC o Ribs-- suelen recalar en la jurisdicción civil, aunque no en este caso. "Aquí hay todo tipo de grabaciones o documentos que sostienen que las franquicias eran un mero instrumento de enriquecimiento", señala. Ello lo argumentan con una "importantísima cantidad de indicios" a los que, dicen, el instructor no ha dado la merecida importancia.
Doble archivo
Sea como fuere, el caso ha quedado en nada, por ahora. Como ocurrió con Granier, la primera instancia ha tumbado la acción penal. Y lo ha hecho con duros argumentos. El instructor afea que la "hipótesis delictiva" de Restalia "no supera el análisis más básico". Recuerda el magistrado que marcas de franquiciados como The Good Burger, 100 Montaditos o La Sureña Blue "siguen abiertos al público", lo que no casa con la tesis de que son establecimientos sin rentabilidad.
A renglón seguido, el togado critica que la denuncia "contiene un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento", incluyendo supuestos delitos contra "los derechos de los trabajadores, contra la Seguridad Social, la hacienda pública e incluso blanqueo de capitales" cuyos indicios no quedan lo suficientemente probados. Negro sobre blanco, el juez apunta a que la querella tiene "valoraciones interesadas y muy subjetivas de los denunciantes que no permiten un riguroso análisis". Y ha cerrado el caso.