La Associació Catalana VTC Gran Turisme, que agrupa a las flotas históricas de vehículos de transporte con conductor, ha convocado una marcha lenta el próximo martes, 17 de enero, en Barcelona. La protesta llega tras la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la nueva normativa autonómica del sector y el recrudecimiento del conflicto con los taxistas que operan en el área metropolitana de la capital catalana.
La comitiva saldrá hacia las ocho y media desde el aeropuerto de El Prat y se dirigirá hasta la sede de la Dirección General de Transportes de la Generalitat de Cataluña, donde los portavoces de la entidad leerán un comunicado.
Nueva regulación
Esta organización, que agrupa a unas 500 licencias y se constituyó el pasado octubre para aglutinar a las compañías que llevaban prestando este servicio antes de la irrupción de las plataformas digitales, tendrá su puesta de largo con una marcha lenta en la que alzará la voz sobre las consecuencias del decreto catalán sobre VTC.
Un portavoz de la asociación ha explicado a Crónica Global que muchos chóferes aún esperan que la Administración valide su petición de licencias, que deben pasar el filtro de la nueva regulación sectorial. Aunque las autorizaciones de estos privados no se han visto, en principio, tan afectadas como las de Uber, Cabify y Bolt, no todos los conductores han logrado renovar sus permisos.
Malestar de los VTC
En parte, esto se debe a un error administrativo cometido por la Dirección General de Transportes y reconocido en diciembre por las propias autoridades. Error que ha impedido que el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), ente público dependiente del Área Metropolitana de Barcelona, resuelva positivamente algunos de los expedientes presentados por los VTC históricos.
En estos momentos, la asociación está en discusiones con la Administración para subsanar estos fallos. Sin embargo, el malestar de estos operadores radica en el contenido de la propia legislación, que no distinguió a estos vehículos de las flotas de las apps e incluyó requisitos adicionales para su actividad, tales como una longitud mínima de los coches y un certificado ECO o 0 emisiones.