Severo revés a la estrategia ‘verde’ del Gobierno tras las peores cifras en tres años

El año 2022 ha supuesto un serio retroceso para la estrategia de transición energética trazada por el Gobierno, en un escenario sumamente complicado por el conflicto bélico en Ucrania, entre otros factores. El peso de las energías renovables en el mix eléctrico ha retrocedido hasta el 43,7%, casi cinco puntos menos que el pasado año y la cifra más baja desde 2019. Además, los ciclos combinados, que emplean gas natural como combustible, han sido por primera vez la primera fuente de generación. 

En concreto, el 26,2% de la demanda de electricidad a lo largo del año fue cubierta gracias a las plantas de ciclo combinado, que generaron 60.599 gigawatios/hora (GW/h), su máximo histórico. Pese al fuerte impulso en las últimas semanas del año, gracias a las fuertes rachas de viento que se dieron, la eólica cedió el primer puesto y generó el 25,8% de la electricidad consumida en el sistema peninsular en 2022.

Inesperado avance del carbón 

La tendencia no es exclusiva del ejercicio que acaba de terminar. Desde 2019, la generación de electricidad en centrales de ciclo combinado se ha elevado un 18,5%; en el mismo periodo, los parques eólicos instalados en el sistema han producido un 12,7% más. 

También ha supuesto un considerable revés para la hoja de ruta de la transición energética el fuerte incremento experimentado por la producción en centrales térmicas de carbón, pese al cierre de un buen número de estas plantas durante los últimos años.

Evolución truncada 

Según las cifras de Redeia (la nueva denominación de Red Eléctrica), el volumen de electricidad generado con carbón, una de las fuentes con mayores emisiones de gases contaminantes, se ha incrementado un 56,3% en relación con las cifras del pasado año, hasta alcanzar los 7.717 GW/h, que representan un 3,3% del total (frente a apenas un 2% de 2021).

Desde el año anterior a la llegada de la pandemia no se registraba un porcentaje tan reducido de generación a través de fuentes renovables. Aquel 2019, la cifra apenas superó el 38% y, da partir de entonces, el avance había sido notable, nada menos que de diez puntos, hasta el 48,4% que se dio el pasado ejercicio. 

Objetivo alejado

El retroceso complica el objetivo contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece alcanzar una proporción de electricidad generada a partir de fuentes renovables del 74% en el año 2030, cuando finaliza su vigencia. 

Además de las consecuencias para el diseño del futuro mix eléctrico, la repercusión también ha sido económica, aunque paliada por el acuerdo logrado por los gobiernos de España y Portugal para limitar el precio del gas para generación eléctrica, con el argumento de que la Península Ibérica constituye una isla energética debido a sus escasas posibilidades de conexión con el resto de los sistemas europeos.

Efecto en los precios

La llamada “excepción ibérica” ha moderado notablemente unos precios de la electricidad que hasta su entrada en vigor, cerca de mediados de año, habían marcado registros históricos, con medias superiores a los 300 euros por megawatio/hora en el primer trimestre. 

El incremento se debió precisamente al empleo masivo de gas para la producción, una tendencia que ha seguido después de que se consumara el acuerdo en el seno de la Unión Europea y que ha mantenido los precios holgadamente por encima de los 150 euros por MW/h, con la excepción de los últimos días del año.

La combinación de la fuerte entrada de la eólica en el mix y la reducción de la demanda por los festivos ha hecho desplomarse los precios hasta los mínimos de los últimos trimestres. 

Además de estos elementos, la hoja de ruta diseñada por el Ministerio de Transición Ecológica también puede verse trastocada por el colapso en el proceso de tramitación de nuevos puntos de conexión. El auge de la inversión en renovables y los numerosos procesos burocráticos han hecho que, en la actualidad, cerca de 80 MW de potencia instalada estén en el aire y puedan irse al limbo si no se desbloquea su tramitación.

Inseguridad jurídica 

El bloqueo administrativo es uno de los elementos de inseguridad jurídica que hace que las compañías hayan privilegiado otros mercados a la hora de llevar a cabo sus inversiones en activos de bajas emisiones.

Especialmente significativo fue el resultado de la última subasta pública de capacidad renovable que se celebró, en la que la mayoría quedó desierta ante la falta de interés de los inversores.