Más polémica por el macrolaboratorio de Grifols en Andorra. El centro de investigación en inmunología de la multinacional de hemoderivados terminará denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo. Lo llevará a la instancia judicial un empresario y concejal, que alerta de que la inversión será "insegura" y que cuenta con una tramitación especial del Gobierno pirenaico que ha lesionado derechos fundamentales. 

Ello, la protección de sus libertades y las del resto de conciudadanos, es lo que buscará el edil de X'Ordino Enric Dolsa en su escrito al tribunal paneuropeo. El edil ha confirmado a Crónica Global que denunciará el proyecto a la corte continental, que también tiene jurisdicción en Andorra al ser el microestado un país miembro del Consejo de Europa y nación que ha ratificado el Convenio de Protección de Derechos Humanos (CEDH). 

Parar el proyecto

La intención del electo y directivo sigue siendo la de conseguir que se anulen los acuerdos entre el Ejecutivo pirenaico y Grifols. Con ello, Dolsa confía en lograr que se detenga el plan urbanístico a la espera de un debate más amplio sobre el mismo. 

Antes, el Tribunal de Batlles --equivalente a un Tribunal Superior de Justicia-- y el Tribunal Constitucional de Andorra descartaron la apelación del concejal. Éste reitera que un cargo electo tiene legitimidad para acudir a las instancias judiciales, y agotarlas, en la senda de protección de sus derechos. 

Oposición

Los recursos del empresario y político se sustentan en la oposición ciudadana a la inversión. Los contrarios han recogido miles de firmas contra el proyecto, toda vez que aducen que ésta carecerá de los estándares de seguridad necesarios, que provocará impacto sobre el medio y que no es necesario en el país. 

Asimismo, los opositores recuerdan que el plan urbanístico se ha ejecutado a toda prisa y que la llegada de Grifols a Andorra cuenta con ventajas prometidas por el Gobierno que cobran la forma de traje a medida. 

Le cedieron los terrenos

En efecto, el Ejecutivo de Xavier Espot aportará unos 200.000 euros anuales a la filial andorrana de la multinacional española; le ha cedido los terrenos y ha avanzado jugosos beneficios fiscales. También ha declarado la obra de Interés Nacional. 

Ante ello, muchos ciudadanos afean al gabinete de Espot que haya tenido poco cuidado en atraer una inversión para la que Andorra no está capacitada por infraestructuras ni capacidad de respuesta ante un posible incidente.