Cierco se querella contra Espot por prevaricación y tráfico de influencias en el 'caso BPA'

El máximo accionista de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, ha presentado una querella criminal contra el jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot, a quien acusa de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por su presunto papel en la intervención de la entidad cuando era ministro de Justicia y de Interior.

La querella, de más de 20 páginas, también incide en el hecho de que se habría actuado para establecer una legislación que favorecería a la familia de Espot, accionista minoritaria de BPA, para minimizar las consecuencias.

"Criminalización" del banco

Según informa Altaveu, la decisión de Cierco se ha acelerado a raíz de la última comparecencia parlamentaria de la presidenta de la Agencia estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), Sílvia Cunill, según la cual el 96% de los clientes de BPA han sido traspasados a otras entidades bancarias y han recuperado sus saldos, por lo que no habría habido "blanqueo masivo", como Espot insistía en sus intervenciones públicas.

Al mismo tiempo, las acciones llevadas a cabo por el Govern andorrano desde antes de la nota del FinCEN evidenciarían, a tenor de la querella, que existió voluntad de criminalizar desde la Administración pública a BPA, y que esta persecución se mantendría con la presencia del Ejecutivo andorrano como acusación particular en la causa general del caso BPA y en otras derivadas.

Tráfico de influencias

Una de las principales acusaciones de Cierco contra Espot es la del presunto tráfico de influencias, basándose en una modificación en la transposición de la directiva europea que dio pie a la llamada Ley AREB o Ley BPA, la cual, según el querellante, era un ataque directo a su familia y en cambio beneficiaba a la de Espot, al quedar liberada de determinadas responsabilidades.

La última versión de la nueva ley, según Altaveu, habría aprovechado "para incorporar otros aspectos muy particulares y diferenciadores", como el apartado a) del punto 2 del artículo 36, según el cual pasan a considerarse subordinados los pasivos de accionistas "que tengan como mínimo, directa o indirectamente, una participación del 10% del capital de la entidad en resolución, individualmente o conjuntamente con sus cónyuges". Este cambio legal, según la querella, se hizo para "exonerar de amortizar y recapitalizar a los accionistas que tenían menos de un 10% del capital de BPA", y "tanto el INAF, como el Gobierno y mayormente el señor Espot sabían perfectamente que solo la sociedad Sucesores de Higini Cierco SA y la familia Cierco tenían más del 10% del capital". Lo cual supondría un caso de tráfico de influencias.

Prevaricación y malversación

En su repaso de los hechos, el escrito concluye que la Ley AREB no pudo haberse hecho en 23 días, explicando que existen certificaciones que evidencian que el encargo del asesoramiento legal para su redacción a un despacho de abogados español se habría hecho posteriormente a la aprobación del proyecto legislativo. Estas maniobras, según la querella, podrían ser constitutivas del delito de prevaricación.

Por lo que respecta a la malversación, la querella considera que Espot es "indirectamente responsable" de la decisión de interponer una demanda civil contra Cierco, Joan Pau Miquel y otros miembros del consejo de administración de la BPA antes del 10 de marzo 2015, en reclamación de la cantidad de 479 millones de euros. Una demanda que el querellante considera "injusta, arbitraria y discriminatoria".

El presunto derroche de caudales públicos se mantiene, entre otros, por el hecho que el Ejecutivo presidido por Espot mantenga, según la querella, "la obstinación, con decisiones arbitrarias en muchos campos, de perseguir a la BPA y a sus antiguos responsables a pesar de que el FinCEN dejó sin efecto su nota". El documento también aprecia indicios que hacen plausible que el banco andorrano habría sido víctima colateral de la "guerra sucia" contra el independentismo catalán.