El varapalo del abogado general de la Unión Europea a la normativa española sobre vehículos de transporte con conductor (VTC) ha dado un balón de oxígeno al sector. En Cataluña, la Asociación Catalana VTC Gran Turismo, recién creada y que agrupa a las flotas históricas de la comunidad, se reunió ayer con representantes de la Generalitat para comentar el escenario que se dibuja tras el posicionamiento del letrado comunitario. Un cónclave celebrado, además, diez días antes de que concluya el plazo para adaptarse a la nueva regulación autonómica sobre VTC.

Aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aún puede tardar meses en llegar, fuentes consultadas por Crónica Global aseguran que la argumentación jurídica de la defensa es sólida respecto a la ilegitimidad tanto de la ratio 1/30 entre VTC y taxi como de los requisitos adicionales que se exigen en el área metropolitana de Barcelona. Si se tiene en cuenta que los magistrados de Luxemburgo suelen compartir el razonamiento de sus abogados generales, todo hace pensar que el actual esquema jurídico podría saltar por los aires a medio plazo.

Territori gana tiempo

Durante la reunión mantenida ayer por la mañana con la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Consejería de Territorio, la asociación de VTC puso sobre la mesa estas cuestiones. Aunque varias voces señalan que Territori dejó para el próximo año cualquier movimiento en firme, por lo que la reunión fue breve y tuvo más de toma de contacto que de discusión a fondo sobre el contencioso.

Sin embargo, los VTC históricos pretenden poner sobre la mesa la posibilidad de una moratoria de licencias que deje en suspenso la normativa autonómica aprobada el pasado verano. En principio, los operadores tienen hasta el próximo 31 de diciembre para adaptarse a la nueva situación. De lo contrario, no podrán seguir circulando en Barcelona y su conurbación.

'Decreto Ábalos'

La regulación de la Generalitat suma restricciones como la longitud mínima de los vehículos y los certificados ECO o 0 de emisiones que están complicando la transición entre las antiguas y nuevas licencias. Una ristra de limitaciones que también podría quedar en entredicho una vez se pronuncie el TJUE.

Si bien el caso que ha llegado a la justicia europea solo trae causa del conocido como decreto Ábalos, los empresarios quieren aprovechar esta coyuntura para hallar una salida a sus problemas.

Andreu Modrego y Sergi Aduà VTC / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

Demandas millonarias

Como denunciaron varias empresas históricas de VTC a este medio, la legislación catalana complica su actividad en favor del taxi y no les distingue de plataformas digitales como Uber o Cabify. De hecho, algunos afectados quieren presentar demandas millonarias contra la Administración por el cepo a su negocio.

Unas acciones judiciales amparadas en el informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) que ahora han recibido el espaldarazo en Luxemburgo.

Escenario abierto

A preguntas de este medio, Territori no ha especificado cuáles serán sus pasos tras el pronunciamiento del pasado jueves. Por su parte, un portavoz del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) ha afirmado que hasta enero no ofrecerán datos sobre cuántas autorizaciones han recibido luz verde por parte del organismo.

Quedan diez días para resolver los expedientes de los interesados --en Cataluña hay distribuidas 4.000 licencias ahora mismo, si bien se calcula que solo unas 1.000 superarán el filtro del IMET--. A partir de ahí, todavía hay juego.