Los nubarrones seguirán sobrevolando la industria química de Tarragona en 2023. En un almuerzo informativo, el presidente de la patronal AEQT (Asociación Empresarial Química de Tarragona), Ignasi Cañagueral, ha lamentado que las turbulencias económicas desencadenadas por la guerra de Ucrania y el aumento de los costes, tanto de materias primas como energía, se alargará hasta "mediados del próximo año". A lo que se suma la incertidumbre por las políticas de transición energética llevadas a cabo por el Govern.
Esta previsión está en línea con la que manifestó la organización a principios del verano. En aquel momento, la asociación empresarial advirtió que el clúster petroquímico afrontaría "cinco o seis trimestres" difíciles. Y así se ha cumplido. Según Cañagueral, muchas compañías terminarán este año o bien con plantas cerradas o bien a medio gas en el caso de aquéllas que pueden modular su actividad.
Incertidumbre económica
Pese a que Tarragona no se halla tan expuesta como otras regiones de Europa, el presidente de la patronal y directivo de Dow ha aseverado que se han perdido pedidos en todos los subsectores. Teniendo en cuenta que en la AQET exporta el 60% de sus productos mayoritariamente al Viejo Continente, el mercado más golpeado por la crisis energética, la coyuntura es muy complicada.
Máxime cuando existe la "amenaza de la importación de productos más baratos" de países extracomunitarios --pese a que la Unión Europea está intentando ponerle freno con medidas como la tasa a bienes contaminantes de terceros países anunciada la semana pasada--. "La principal incógnita es la guerra. Si termina la guerra canviaremos de escenario, sino tendremos problemas a largo plazo", ha advertido, aunque Cañagueral ha evitado calificar la situación de la industria local como una "crisis".
Voluntad de mejora
El polo tarraconense, uno de los mayores de España --actualmente el 44% de la exportación total del sector químico en España corresponde a la aportación catalana-- y del sur de Europa, aún se repone del grave accidente de Iqoxe en 2020. Un siniestro que melló la credibilidad de las químicas en un asunto tan delicado como la seguridad laboral.
Precisamente, la patronal sigue adelante con un plan de transformación 2021-23 que pone foco en la seguridad, la sostenibilidad, el arraigo en el territorio y la transparencia. Una voluntad que se concreta en medidas como las auditorías voluntarias en seguridad industrial que empezarán el próximo enero o en los controles complementarios de calidad ambiental.
Demandas al Govern
En este contexto, Cañagueral también ha lanzado demandas a la Administración, sobre todo a la Generalitat de Cataluña, para alfombrar esta voluntad de mejora. Por un lado, ha celebrado que el Ejecutivo autonómico haya escuchado al sector en la problemática moratoria de incineradoras, que fue denunciada públicamente junto a Foment del Treball a principios de año.
Sin embargo, ha declarado que no cuentan con las mismas garantías acerca del impuesto sobre las actividades económicas que generan gases de efecto invernadero previsto en la ley de cambio climático de 2019 y que aún está por concretar. "Han entendido nuestra sensibilidad, pero debemos tener cuidado sobre cómo se legisla", ha expresado. También ha manifestado dudas sobre los planes de transición a las renovables en la autonomía, que han llevado a tener menos energía verde que la media nacional.