Pimec bloquea la nueva ley de cámaras de comercio porque la ve como una competencia

La ley catalana de cámaras de comercio vuelve a atascarse por las diferencias entre Pimec y las entidades de dinamización empresarial local. El borrador de la norma elaborado por el Consejo General de Cámaras, al que ha tenido acceso Crónica Global, se ha topado con el rechazo de la organización liderada por Antoni Cañete, si bien desde Foment del Treball no lo ven con malos ojos. 

En declaraciones a este medio, la patronal de pymes critica la ambigüedad del texto sobre la representatividad de las cámaras, así como la extralimitación de los servicios privados de las entidades, que se perfilan con carácter general y no subsidiario. Otros interlocutores cercanos a la entidad señalan que este último punto es el que ha generado mayor recelo, ya que implica entrar en competencia directa con las prestaciones que brindan a sus asociados.

Fuentes camerales conocedoras de la negociación tildan de "infundados" los miedos de Pimec, ya que consideran que el redactado propuesto tanto a los agentes sociales como a los partidos políticos limita el alcance de ambos aspectos. Con todo, la falta de consenso amenaza con paralizar por enésima vez una reforma legislativa que acumula siete años de retraso y cuyo último fracaso tuvo lugar en 2020.

A vueltas con la representatividad

El secretario general de la patronal de pymes, Josep Ginesta, reconoce que el borrador actual subsana los aspectos más conflictivos del proyecto anterior. En aquella ocasión, el intento del gobierno independentista de Quim Torra de hacer hueco a las cámaras en la negociación de los convenios colectivos desembocó en un frente común entre patronales y sindicatos que propició el colapso de la norma, abanderada por el ahora diputado de Junts y entonces presidente de la Cámara de Barcelona Joan Canadell.

Ahora, el texto elimina cualquier referencia a la negociación de los convenios y distingue en su preámbulo entre "la defensa del interés general que corresponde a las cámaras" y la "representación de las empresas que corresponde a las organizaciones empresariales". Las cámaras velan por los intereses universales de las empresas, pero quedan fuera de los ámbitos de concertación en el seno de las compañías. Un aspecto en el que se ha sido muy escrupuloso para no herir susceptibilidades, reconocen sus redactores. El impulso del texto en debate parte de la Cámara de Comercio de Sabadell.

Pimec pide más concreción

Pero para Pimec es insuficiente. "Creemos que debe quedar más clara la delimitación de funciones. Las cámaras son entidades de derecho público reguladas en el artículo 45.7 del Estatuto de Autonomía, mientras que las organizaciones sindicales y empresariales están en el 45.6 que luego desarrolló la Ley 9/2020 de participación institucional", señala Ginesta.

La máxima norma de rango autonómico establece una diferencia fundamental: patronales y sindicatos deben participar en la definición de las políticas públicas, mientras que a las cámaras solo se les reserva un cometido consultivo. El secretario general de Pimec reprocha que no se haga referencia en el borrador a la Ley 9/2020 y reclama su inclusión para clarificar cualquier aspecto que pueda conducir a malentendidos en el futuro.

Ley básica de 2014

Además, apunta que el diálogo social no se limita a la renegociación de convenios, sino a la ejecución de políticas en ámbitos como las políticas activas de empleo, la formación profesional y la estrategia industrial, entre otros. El nuevo documento posibilita y consolida la influencia de las cámaras en multitud de materias, aunque en todo momento se apela a su función consultiva.

Un interlocutor cameral considera que los recelos de la patronal quedan despejados en el redactado actual, que sigue más fielmente la ley nacional de cámaras de 2014 que el anterior proyecto legislativo pilotado por Canadell. También defiende el alcance general de los servicios ofrecidos por las entidades de dinamización empresarial. Sin estos servicios, las cámaras consideran que no podrían garantizar su continuidad, como aseguró el vicepresidente de la Cámara de Terrassa esta misma semana.

Financiación de las cámaras

Por el contrario, la patronal exige que en la actividad de las cámaras rija el principio de subsidiariedad. Es decir, si un servicio ya está satisfecho por el sector privado, las cámaras no deben prestarlo. No pasa desapercibido que en muchos ámbitos Pimec y las entidades de dinamización empresarial local compiten por un catálogo similar de prestaciones al tejido empresarial.

Pimec propone que las cámaras sirvan de apoyo a la Administración o bien en la gestión local de infraestructuras locales, como ya sucede con el puerto de Sant Feliu de Guíxols (Girona), gestionado por la cámara del territorio, o bien vía contratos-programa acordados con entes públicos. Esta debería ser la fuente principal de ingresos de las cámaras, aunque Pimec no pone pegas a que una parte de su gasto se cubra de forma normativa y vía presupuestaria por parte de la Generalitat. Así lo recoge el borrador en una disposición adicional que cifra esta inyección pública en 10 euros por empresa censada durante los primeros cuatro años de vigencia de la norma.

Visto bueno de Foment

Hoy por hoy no hay visos de acuerdo. En una reunión agónica celebrada el pasado 14 de noviembre, que duró unas ocho horas tal y como relatan los presentes, Pimec trasladó al consejo cameral sus reservas sobre el texto. Uno de los representantes en el encuentro señala a este medio que las posiciones se hallan muy alejadas. Foment del Treball no comparte la misma postura que la patronal de pymes, tal y como indica el secretario general adjunto de la organización Salvador Guillermo. El borrador también se ha entregado al Círculo de Economía y FemCat para recabar más opiniones de representantes del ámbito empresarial catalán. En ambos casos, la propuesta no se ve con malos ojos.

Por añadidura, las cámaras más pequeñas esperan que se desbloquee cuanto antes un asunto clave para asegurar su financiación, mucho más complicada debido a su limitado radio de actuación. Así pues, en este momento tan solo Pimec maniobra para impedir que la regulación llegue a buen puerto, en un momento en que la patronal también marca perfil propio en carpetas como la ampliación del aeropuerto de El Prat y pretende extender su influencia a toda España a través de Conpymes.

Pendiente desde 2015

Fuentes parlamentarias consultadas por Crónica Global retrasan el inicio de la tramitación de la ley debido a la falta de consenso entre los actores implicados. Pese a que la reforma debiera haberse realizado en 2015, un año después de la aprobación de la ley básica estatal, la sucesión en este lapso de tiempo de siete responsables al frente de la Consejería de Empresa y la marejada provocada por la irrupción de Eines de País en la Cámara de Comercio de Barcelona han impedido afrontar la norma en plazo y forma.

El último intento culminó en un sonoro fracaso, que ni siquiera llegó a debatirse ni votarse en pleno después de que la Mesa del Parlament rechazase su toma en consideración. Tampoco ayuda que 2023 sea un año electoral para las cámaras. Durante el primer semestre, las 13 instituciones catalanas irán a las urnas para renovar sus cúpulas. En este contexto, todo parece indicar que la ley autonómica seguirá durmiendo en el cajón.