La fallida ley catalana de cámaras regresa a la palestra y lo hace de nuevo envuelta en la polémica. En un encuentro informativo celebrado este martes, el vicepresidente de la Cámara de Terrassa, Santiago Sabatés, ha mostrado su sorpresa por la "serie de restricciones" impuestas por Pimec que, a su juicio, no permiten sacar adelante la norma que precisan las 13 entidades de dinamización empresarial local que existen en Cataluña.
Por contra, Sabatés ha elogiado la colaboración de Foment del Treball para alcanzar un consenso entre todos los actores implicados. El vicepresidente de la institución egarense ha recordado que el Gobierno aprobó la ley nacional de cámaras en 2014 y que las comunidades autónomas debían adaptarla a lo largo de 2015. Por tanto, Cataluña lleva ya siete años de retraso en incluirla en su ordenamiento legal.
La clave de la financiación
Una coyuntura que según Sabatés perjudica a estas organizaciones y podría conducirlas incluso a la extinción. La clave estriba en la clarificación de las atribuciones de estas entidades así como en su financiación, severamente recortada tras la entrada en vigor de la ley básica estatal hace ocho años.
"Es imposible que las cámaras catalanas sobrevivan a seis años vista" si no se aprueba el texto legal que el Consejo General de Cámaras de Cataluña ha propuesto y que PSC, ERC y Junts deben llevar al Parlament esta misma semana. Justo a pocos meses de que se abre periodo electoral en las 13 cámaras catalanas.
Joan Canadell, diputado de Junts, en el Parlamento catalán / EFE
Rechazo transversal
El último intento por sacar adelante la ley autonómica culminó en un sonoro fracaso tanto por el rechazo de los principales agentes sociales como por las prisas en aprobar la norma. Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT pidieron al Govern que no tramitase su proyecto de decreto-ley al entender que vulneraba el Estatut y el ordenamiento jurídico.
Entre otras cuestiones, el redactado del Ejecutivo autonómico pretendía otorgar representatividad a las cámaras en las mesas de negociación, un aspecto defendido por el expresidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, que unió en su contra a patronales y sindicatos. El preámbulo de la norma era claro: "La presente ley valora la representatividad de las cámaras derivada de la pertenencia de la totalidad de las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades económicas, que hace de las cámaras las únicas entidades que disponen de esta potencial universalidad representativa".
La oposición, en contra
Por otro lado, la aprobación por lectura única impulsada por ERC y Junts, programada además en uno de los últimos plenos antes de la convocatoria anticipada de elecciones, motivó el rechazo en bloque de la oposición. También los cinco diputados del PDECat, capitaneados por Àngels Chacón, a la sazón exconsejera de Empresa, se posicionaron en contra del procedimiento elegido por el Govern.
El PSC llegó a anunciar una solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias y, en el último momento, incluso ERC se descolgó del proyecto. Todo ello obligó a la Mesa del Parlament a descartar su inclusión en el plenario. Desde entonces, la ley catalana de cámaras sigue en un cajón a la espera de cosechar suficientes apoyos.