Frenazo a la polémica ley de cámaras de comercio

La Mesa del Parlament ha aplazado la polémica tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley de cámaras de comercio presentada por JxCat y ERC. La norma no será aprobada en lectura única en el pleno previsto para la primera semana de diciembre, por lo que, como muy pronto, se debatiría en el siguiente. Será la última sesión de la legislatura antes de que se disuelva la Cámara catalana. Sin embargo, PSC-Units ha anunciado que pedirá un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, otra dilación que provocaría que decaiga.

JxCat, ERC y CUP han rechazado la petición de reconsideración de la vía de urgencia presentada por Ciudadanos y PSC-Units en el debate que se ha mantenido este martes. Sin embargo, los antisistema se han abstenido respecto a señalar el debate en el próximo pleno del 4 de diciembre. Teniendo en cuenta que la Cámara catalana se disolverá el día 22 por la convocatoria de elecciones catalanas del 14 de febrero, deja escaso tiempo para que la normativa pueda ser aprobada en la legislatura en curso. 

Financiación y representatividad

La aprobación de esta norma que pretende regular la financiación y la representatividad de las cámaras de comercio catalanas cuenta con la oposición de patronales y sindicatos. Además, se optó por un sistema de urgencia para que entrase en vigor que reduce el debate parlamentario e impide que los agentes sociales comparezcan ni siquiera para explicar su postura.

PSC-Units, Ciudadanos y PP también rechazan la lectura única, una iniciativa que, afirman, está hecha a la medida del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, el independentista Joan Canadell. La semana pasada, el líder secesionista arremetió contra las patronales y achacó al cambio de carteras entre Àngels Chacón y Ramon Tremosa el retraso de la regulación. La ANC es de nuevo el principal apoyo de la cúpula de la organización de dinamización empresarial de Barcelona para que se apruebe la regulación que reivindican, aunque sea in extremis. 

Enfrentamiento con los agentes sociales

Según Canadell, sería un error pedir un dictamen consultivo al Consejo de Garantías --órgano encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatut-- para aplazar aún más su aprobación. Sobre la representatividad, dijo que "hay patronales que hace 25 años que no hacen elecciones y designan los miembros a dedo". Otro envite contra los representantes de los empresarios que, en esta ocasión, van de la mano de los sindicatos para frenar una normativa que aseguran que dilapidará la estructura del mercado laboral y que es pasto de los tribunales. 

La Generalitat arrastra años de retraso en dar forma a una ley catalana que regule las 13 entidades de dinamización económica local en el territorio. La norma marco que el Estado aprobó en 2014 fijaba el 31 de enero de 2015 como la fecha máxima que disponían los parlamentos autonómicos para una adaptación territorial, fecha que se ha prorrogado de forma sucesiva en los últimos cinco años. El Gobierno catalán nunca ha conseguido el consenso necesario para aprobarla, ya que ha convertido esta ley en una cuestión política. Incluso se planteó como una estructura de estado, la fórmula para que los independentistas entraran como un agente social más en la organización del mercado laboral. El redactado actual, además de esto, también les garantiza financiación pública. Cuestiones todas ellas que han impedido en los últimos seis años que Cataluña se dote de una normativa propia y que se deberán dirimir en la próxima legislatura.