El Gobierno ha aceptado prorrogar hasta 2024 el tope al alza de los alquileres del 2% pese a las críticas de los agentes inmobiliarios. La medida forma parte del pacto de presupuestos entre el Ejecutivo y Bildu, que también ha exigido mantener el aumento de la subida de las pensiones no contributivas del 15%.
Ambas medidas forman parte del autodenominado escudo social y estaba previsto que caducasen a finales de este año. Finalmente, el área económica del Gobierno ha cedido ante las presiones no solo de los abertzales, sino también de los sindicatos de inquilinos, que habían reclamado el prolongamiento de ambos instrumentos.
Cartel anunciante de una vivienda en alquiler / EP
Medida intervencionista
Los actores inmobiliarios no han tardado en criticar la decisión. El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) ha considerado que la prórroga del límite de los arrendamientos durante todo 2023 perjudicará a muchos arrendadores.
"No se puede cargar al propietario de la responsabilidad de la falta de alquiler en España", ha declarado el vocal de COAPI, Ángel Martínez León. Por su parte, el portal de intermediación inmobiliaria Idealista ha calificado esta iniciativa como una "pésima noticia" para los caseros y ha subrayado que agravará la falta de oferta.
"Grave error"
En la misma línea, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) cree que se trata de un "grave error prorrogar" dicha medida. Su director general, José Ramón Zurdo, apunta que el tope del 2% provocará una "subida de precios, menos oferta y más requisitos para los inquilinos para alquilar".
También la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha tildado la prórroga de "inaceptable" ya que supone "la privación del derecho de propiedad a más dos millones propietarios de vivienda en alquiler en España". Por su parte, la firma de abogados Círculo Legal ha calificado como "populista" el movimiento del Gobierno que, durante su vigencia, "no ha servido de nada".