El Gobierno ha cerrado la puerta a los planes del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, para segregar el grupo en dos compañías, una sociedad con los negocios liberalizados y otra con los regulados. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido la encargada de rechazar esta iniciativa al considerar que sólo tiene interés para los fondos de inversión que están en el accionariado de la principal gasista española y no “para el interés general ni para la viabilidad”.
“No es una operación que, en estos momentos, sea conveniente desde el punto de vista de la templanza, la estabilidad y las garantías para determinadas actividades reguladas, así como el aprovisionamiento en condiciones y a precios razonables”, ha asegurado la socialista en una entrevista en Cinco Días. Incluso va un paso más allá: “Tampoco encaja con el cumplimiento de esos compromisos de reinversión y de distribución de beneficios”.
Consejo de Ministros de hace una semana
Estas declaraciones confirman lo que se apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hace una semana, cuando ya se advirtió de los recelos del Ejecutivo con esta iniciativa estratégica que el consejo de administración de Naturgy activó en febrero de 2022, el llamado Proyecto Géminis. En ese momento, Ribera tildó de “actor particularmente importante” a la energética, pero la estocada final al plan ha llegado siete días después.
La ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera reprende al Govern por su falta de compromiso en la transición hacia las energías renovables / Alejandro Martínez Vélez - EUROPA PRESS
El mercado ya da por descontado que la segregación tendrá que esperar, aunque la cotización ha resistido y los títulos del grupo se intercambian en positivo en el Ibex 35.
Precio del gas
La última palabra del futuro de Naturgy está en manos del equipo directivo y de sus accionistas, pero el Gobierno puede complicar la operación debido al carácter estratégico de la actividad. Especialmente en un momento de gran volatilidad en el precio del gas y con el invierno a la vuelta de la esquina, cuando se disparará el consumo.
De hecho, el año pasado ya puso condiciones a la entrada del fondo australiano IFM en el capital del grupo. Manifestó que la operación tendría que implicar la “reinversión y contención en la distribución de beneficios” para preservar el interés general de la actividad core de la cotizada.
Debate sobre el capital
El bloqueo de Moncloa llega en un momento en el que el accionariado de Naturgy es motivo de debate en los mercados. Los fondos CVC y GIP están ya en plazo de desinversión y, aunque el primero ya ha manifestado su intención de mantener la inversión (unas declaraciones que dan estabilidad a la firma), el vehículo estadounidense que controla el 20,6% del capital aún no se ha pronunciado al respecto.
Sede de Naturgy en Avenida de América (Madrid) / EP
Criteria se mantiene como el accionista de referencia con el 26,7% del capital y el fondo IFM, a pesar de fracasar en su OPA al grupo, entró con el 10% de los títulos y las compras en el mercado le han permitido crecer hasta el 13%. Todo ello, mientras S&P ha pedido claridad a la cúpula de Naturgy sobre sus planes estratégicos a largo plazo. La agencia de rating mantiene inalterada la nota de la gasista en BBB.