Las nuevas ayudas de la luz difícilmente incrementarán los hogares aliviados por el anterior escudo energético del Gobierno. Pese a las mejoras del bono social eléctrico y la creación temporal de una categoría de consumidores con bajos ingresos, cuya letra pequeña aún está por definir, las reglas para aplicar ambos descuentos bloquearán su extensión más allá de sus actuales beneficiarios.
El motivo: el acceso a las ayudas se basa en los ingresos de los abonados, medidos en función de un múltiplo sobre el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Este guarismo funciona como el índice de referencia para la asignación de subsidios. Este 2022, el IPREM en 14 pagas es de 8.106,28 euros --el Ejecutivo ha anunciado que lo incrementará en los presupuestos del próximo año--.
Más rebajas... si ya tenías el bono
En el caso del bono social eléctrico, se exige que la renta conjunta anual de la unidad de convivencia --término técnico para los domicilios bonificados-- no supere la fórmula ≤1,5 x IPREM en 14 pagas, en caso de los consumidores vulnerables, o bien el 50% del anterior cálculo para los consumidores vulnerables severos. Es decir, que quede por debajo de los 12.159,42 euros y de los 6.079,71 euros, respectivamente.
En su último paquete de ahorro, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha revisado ninguna de estas fórmulas. Si bien ha aumentado los descuentos aplicados hasta el 65% y el 80%. Los expertos consultados por Crónica Global matizan que si no se tocan las expresiones matemáticas basadas en los ingresos familiares, que fijan una base imponible sobre la cual se aplican posteriormente las rebajas, resulta imposible ensanchar el número de hogares beneficiados.
Se podrá gastar más luz
Es por ello que algunos especialistas sostienen que el Gobierno también ha decidido elevar en un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento, como puede observarse en la siguiente tabla:
Tipo de unidad familiar | Aumento de energía consumida (en KWh) |
Unidad familiar sin menores o demandantes individuales | De 1.380 a 1.587 |
Unidad familiar con un menor | De 1.932 a 2.221,8 |
Unidad familiar con dos menores: | De 2.346 a 2.697,9 |
Familias numerosas | De 4.140 a 4.761 |
Unidad familiar demandante individual o pensionistas de cuantía mínima | De 1.932 a 2.221,8 |
A estos números habría que añadir algunas previsiones adicionales para abonados en riesgo de exclusión social y afectados por el Covid-19, así como el anuncio del Ejecutivo de un superdescuento del 40% para domicilios con ingresos muy bajos.
'Superdescuento' del 40%
Pero el Gobierno no ha detallado qué baremo se exigirá para gozar de esta nueva ayuda que se sumará al bono social eléctrico y que, en principio, debería cubrir aquéllas familias con ingresos inferiores a los 6.000 euros. Algunos activistas sociales dudan de su funcionalidad si el diseño se vincula de nuevo a niveles de renta muy bajos.
Como comenta Diosdado Toledano, impulsor de la plataforma por la Renta Garantizada de Ciudadanía en Cataluña, "resulta difícil pensar en una familia que pueda pagarse un alquiler con estos ingresos anuales, que representan apenas 500 euros al mes". En este sentido, considera que sería más conveniente actualizar al alza el cálculo del IPREM y atender a un segmento de rentas algo más elevadas sin dejar de ser precarias.
Estimación desmedida
Además de no suponer una novedad en cuanto a los potenciales beneficiarios de las medidas, el Gobierno también ha realizado una estimación desmedida del impacto que tendrá este nuevo paquete energético.
Las medidas adelantadas por Sánchez supondrán elevar el número de hogares que pueden optar a algún tipo de bonificación en las tarifas energéticas, a través de los llamados bono social y bono social térmico, gracias a la creación de la nueva figura de consumidor de bajos recursos.
Duplicidad de casos
Así, algo más de dos millones de hogares se verán beneficiados por esta medida, a los que habría que añadir aquellos que disponen de sistemas de calderas de gas comunitarias, una cifra que el Gobierno cifra en 1,7 millones aproximadamente.
No obstante, el total no se corresponde exactamente con la suma de todos los casos posibles ya que en un porcentaje significativo de ellos existe duplicidad, dado que en las comunidades con calderas de gas residen ciudadanos que ya son beneficiarios de los bonos sociales.
En torno al 18% de hogares
Aunque resulta difícil establecer una cifra muy ajustada, diversas estimaciones apuntan a que el número de hogares para los que las nuevas medidas tendrá algún tipo de impacto se sitúa entre 3,7 y 3,8 millones, lo que representa aproximadamente un 18% del total.
Una cifra alejada de la estimación de Moncloa, que se va hasta el 40%, lo que convertiría en potenciales beneficiarios a algo más de 8,5 millones de familias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una intervención en el Congreso / EFE
Calderas comunitarias
Al margen del bono social térmico, que ya incluye notables descuentos en las tarifas para las calefacciones, las nuevas medidas del Gobierno también atenderán aquellos hogares que disponen de calderas de gas comunitarias.
Este colectivo quedó, en un principio, excluido del límite a los precios del gas establecidos en la llamada excepción ibérica, el acuerdo alcanzado en el seno de la Unión Europea por los gobiernos de España y Portugal para establecer un tope de 40 euros por megawatio/hora a esta materia prima.
Nueva tarifa
Por otro lado, el plan avanzado por Pedro Sánchez y que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros incluirá la creación de una nueva tarifa regulada que reducirá aún más los precios que se aplican a los hogares con este tipo de sistemas, que se benefician ya de las ventajas de las tarifas de último recurso.
Se trata de un modo de compensar su exclusión del tope de precios al gas, dentro de que ya se encuentran en el mercado regulado, tradicionalmente más económico que el liberalizado.