Nuevo frente para Grifols tras sus problemas bursátiles, un fuerte conflicto sindical y la sustitución de Víctor Grifols como presidente ejecutivo. La multinacional catalana de hemoderivados lidia con una fuerte oposición a un proyecto de centro de investigación sobre inmunología, que proyecta abrir de la mano del Gobierno andorrano en la parroquia de Ordino en 2023.
El conglomerado anunció como "pionera" su inversión para el hub de investigación y desarrollo (I+D), que se centrará en trabajos sobre el sistema inmunitario y que verá la luz en 2023 tras una inversión de 25 millones de euros si nada lo impide. En esta ocasión, la cotizada fundada por la familia Grifols se ha aliado con el Ejecutivo de Xavier Espot, que copatrocina la iniciativa de la mano de Actua Empresa.
Oposición: "Referéndum"
La inversión, que la firma señala que tendrá un "efecto multiplicador" para la economía del estado pirenaico, no gusta a todo el mundo. Un grupo de vecinos, cargos electos y empresarios de Andorra se han ido significando contra el aterrizaje de la enseña, alegando que el nuevo complejo de Ordino "no aportará nada". Uno de los que hilvana este argumento es el directivo de la comunicación y conseller por X'Ordino Enric Dolsa, que alerta de los "peligros" del hub.
Víctor y Raimon Grífols, presidente y consejero delegado de la farmacéutica de mismo nombre / EFE
En conversación con Crónica Global, Dolsa recuerda que Grifols "pretende abrir un laboratorio del nivel P3 cuando la zona no tiene capacidad ni infraestructuras para acogerla". Alerta de que es especialmente preocupante para "los residuos" y "los potenciales peligros para las personas". Según el emprendedor y político, la voz más activa de los opositores, Andorra "no está preparada para lidiar con potenciales fugas de virus o patógenos", algo que los contrarios han cotejado con altos cargos de Grifols, incluidos los el centro de Marsella (Francia).
Dinero público
Además de los riesgos biológicos, los escépticos advierten de que se destinará dinero común al proyecto. Según lo que se conoce del acuerdo entre Grifols y Actua Empresa, el estado aportará unos 200.000 euros anuales a la filial andorrana --fondos que no se fiscalizarán ex ante-- , le cederá los terrenos para que eleve la instalación y concederá beneficios fiscales a la pata andorrana. Se trata de incentivos que se enmarcan en un plan global de atracción de inversiones extranjeras y que se complementan con la declaración del equipamiento como Proyecto de Interés Nacional.
Las facilidades, no obstante, sublevan a los contrarios. El propio Dolsa ha recurrido el pacto Grifols-Gobierno andorrano al Tribunal de Batlles, equivalente a un Tribunal Superior de Justicia español. Alega que la entente "vulnera la legislación vigente", algo que también cree Carine Montaner, consejera general y presidenta del partido Endavant Andorra, que también ha recurrido el acuerdo para anularlo. El tribunal ha admitido a trámite ambos escritos, aunque aún no se ha pronunciado sobre la cuestión.
Movimientos
La batalla contra el proyecto de Grifols en Andorra llega tras movimientos en la firma de hemoderivados que han generado incógnitas en el mercado. El más controvertido fue el traslado de toda la tesorería del grupo y la división de Bioscience a Irlanda en 2015, como explicó este medio. En aquel momento, la compañía adujo que buscaba "estabilidad fiscal y tributaria", aunque en muchos círculos se recordó el trato fiscal favorable del estado-isla a las empresas. En los ejercicios siguientes, trascendió que el conglomerado catalán apenas paga en España el 1% de sus impuestos: 1,8 millones de euros
Otras decisiones operativas que levantaron aristas fueron el cierre del negocio de bolsas sanguíneas, que conllevó la extinción de 165 contratos en Murcia y la venta de la fábrica de Brasil en 2021. Más recientemente, en abril de este año, la farmacéutica con sede en Parets del Vallès (Barcelona) cerró la adquisición de la alemana Biotest por 1.453 millones de euros,
Zozobra
Esa operación tuvo una mala digestión. Tras completarse, el holding vio como se disparaba su deuda hasta más de 10.000 millones de euros, lo que conllevó que el grupo cancelara su dividendo hasta 2024. O hasta que las obligaciones caigan al nivel de cuatro veces por debajo del ebitda o beneficio bruto de explotación, algo que aún no ha ocurrido. De hecho, el cese de Victor Grifols Roura de la presidencia ejecutiva y su relevo por Steven Mayer, exdirectivo de Cerberus, se lee como un intento de apaciguar a los ahorradores que confiaron en obtener rendimientos en la empresa. Tras ello, la compañía ha recuperado el proyecto de sumar a fondos de inversión en el accionariado. No es la primera ocasión que explora esta posibilidad, pero el hecho de que la familia se repartiera el management de la empresa no era el escenario ideal para el mercado.
Imagen de la planta de Grifols de Parets del Vallès, en Barcelona / Cedida
Intra muros, las tensiones de tesorería en Grifols han reverberado en forma de relaciones laborales muy tensas. Como avanzó este medio, la relación entre mandos intermedios y altos de la firma y la parte social se ha deteriorado, con insultos, expedientes sancionadores y hasta despidos de sindicalistas no afines. Desde la representación de la plantilla se afea al grupo del "abuso" de las extinciones de contrato y de las diligencias de castigo a asalariados, prácticas que se complementan con "amenazas de reestructuraciones y hasta cierre de centros" si no se endereza la situación económica de la empresa.
En este tablero, el conflicto en Andorra, que la empresa ha rechazado valorar para Crónica Global, es solo otro problema añadido en un annus horribilis para el gigante mundial de los hemoderivados.