La multa histórica de Inspección de Trabajo contra Glovo solo es el principio. La sanción de 79 millones de euros por emplear a falsos autónomos recoge las infracciones laborales anteriores a la entrada en vigor de la ley rider, en agosto del año pasado, cuando todavía no se contaba con una norma que fijase por defecto la presunción de ajenidad de los repartidores. Es decir, que estos no eran trabajadores por cuenta propia.
Fuentes gubernamentales han señalado a Crónica Global que si la plataforma capitaneada por Oscar Pierre no corrige radicalmente su modelo laboral, la app de entrega a domicilio se enfrentará a multas todavía más duras a partir del próximo año. De hecho, Inspección de Trabajo informó el pasado julio que examinaba con lupa la actividad de la empresa para detectar nuevos fraudes en las contrataciones que podrían escalar hasta los 100 millones de euros, en concepto fundamentalmente de cotizaciones pendientes.
El peso de la ley
A Glovo se le acaban los cartuchos. Por un lado, la vigencia de un marco jurídico que obliga a dar de alta en la Seguridad Social a los riders ha puesto en apuros a compañías como la propia Glovo, Uber y Just Eat --tan solo la última ha aceptado sin fisuras el nuevo esquema legal--, que ya no pueden acogerse a interpretaciones interesadas del Estatuto de los Trabajadores. Como señala la profesora Anna Ginès, especializada en la actividad de las plataformas digitales, "ahora ya no hay margen para la duda".
"Hubo un primer momento en que había dualidad de posiciones en los tribunales. Pero desde que se obtuvo la sentencia del Tribunal Supremo, que era muy clara, y se legisló el año pasado, la vía para demostrar que los trabajadores son falsos autónomos es más rápida y efectiva", explica la economista de Esade. Pese a que la norma no se extiende a otro tipo de negocios como los cuidados y la limpieza, deja clarísimo que en el delivery debe primar la laboralidad, como resalta Ginès.
Imagen de un repartidor de Glovo durante su trabajo / EFE
Más denuncias
Por otro lado, CCOO ya ha anunciado que se toman el castigo de Inspección solo como una victoria parcial. La organización ha abanderado desde hace años la reivindicación del colectivo de repartidores, como ha recordado Liliana Reyes, responsable de nuevas realidades del trabajo del sindicato en Cataluña. De hecho, ya ha conseguido otras multas anteriores, aunque la que se dio a conocer ayer es la más elevada hasta la fecha.
La multa de 79 millones, desglosada en dos actuaciones en Barcelona y Valencia, ha logrado saldar la deuda con la Seguridad Social de 10.500 trabajadores que la app no tuvo en plantilla entre 2018 y el 11 agosto de 2021 --justo el día antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley rider--. Tal y como ha podido saber este medio, el sindicato multiplicará sus denuncias espoleado por el éxito tangible de sus reivindicaciones.
Glovo se escaquea
Reyes ha reafirmado que CCOO seguirá actuando de avanzadilla en los procedimientos sancionadores que se abran contra la plataforma por parte de los riders a título individual. En un breve comunicado, Glovo matizó ayer que "se trata de una resolución unilateral [la multa de Inspección], frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones". También ha denunciado que el organismo rechazó la aportación de documentación en la fase de requerimientos previa al cierre del acta.
Hasta la fecha, Glovo tan solo ha dado de alta a aquellos riders empleados en sus supermercados fantasmas. De hecho, la plataforma ha alterado incluso su algoritmo para intentar sortear sus obligaciones jurídicas. La actitud de la firma cosechó las críticas incluso de su rival Uber, pese a que éste también ha tanteado en las últimas semanas con recaer en el modelo de falsos autónomos.
Oscar Pierre (i), consejero delegado de Glovo, y Marc Murtra, presidente de Indra, en las jornadas del Círculo de Economía / LUIS MIGUEL AÑÓN
En números rojos
Delivery Hero se hizo el pasado 31 de diciembre con el 80% del capital de la empresa fundada en 2014 por Oscar Pierre y Sacha Michaud. La tecnológica alemana, que ya ostentaba una participación del 43% y ocupaba dos puestos en su consejo de administración, asumió el control de la startup española en pleno conflicto laboral. Como informó en exclusiva Crónica Global, el Gobierno impuso como condición al comprador que se respetara escrupulosamente el nuevo esquema jurídico. Por el momento, este compromiso no se ha cumplido.
El año pasado, Glovo encadenó un nuevo ejercicio en negativo al registrar unas pérdidas de 474 millones de euros. Cifra que quintuplica el roto anotado en 2020, cuando registró un quebranto de 83,4 millones. Si la compañía digital no da un giro copernicano a su política de contrataciones, este boquete económico se agrandará a base de multas.