Cabify ha lanzado una campaña contra la ministra de Transportes Raquel Sánchez en Gavà (Barcelona), ciudad de la que fue alcaldesa la dirigente socialista. La compañía de VTC --siglas de vehículos de transporte con conductor-- responsabiliza a Sánchez de la crisis que atraviesa el sector como consecuencia de la reciente regulación de la Generalitat de Cataluña.
En un comunicado, la plataforma ha asegurado que "ha intentado durante meses abrir diferentes vías de comunicación con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sin respuesta por canales oficiales". Según Cabify, la ministra ha dejado de lado su "responsabilidad" en un momento clave para los tenedores de licencias.
Indemnizaciones pendientes
Por ello, la compañía ha desplegado unos carteles en varios puntos del municipio del Baix Llobregat con el mensaje "R. Sánchez, tu Cabify te está esperando en Madrid" y un subtexto debajo que dice: "Pese a que no quieras que tus vecinos de Gavà viajen en VTC, no te preocupes: podrás seguir viajando por otras ciudades".
Además, la plataforma achaca a un "error de gestión" del Ministerio la tardanza en percibir las indemnizaciones contempladas en el real decreto ley que impulsó el exministro José Luis Ábalos. Debido a estos fallos de tramitación, las empresas y autónomos del sector todavía no han percibido ninguna compensación.
Normativa restrictiva
La normativa catalana sobre VTC incluye una serie de condiciones para el ejercicio de esta actividad que restringe las posibilidades reales de los empresarios. En concreto, se establece una cifra mínima de servicios anuales, se obliga a adquirir flotas con certificados ECO y una longitud mínima de 4,90 metros y se limita el negocio a aquéllos propietarios que ya tenían una autorización de VTC previa a la entrada en vigor de la norma, entre otras medidas.
Tanto las empresas históricas de VTC como las plataformas digitales como Uber, Cabify y Bolt han denunciado esta sobreregulación que, según indican, responde a las presiones del taxi.