El impuesto a la banca que ha aprobado el Gobierno favorecerá a entidades de otros países a la hora de competir en España y en la Unión Europea, según han alertado fuentes del sector que se sienten perjudicadas por el nuevo tributo.
El gravamen se aplicará sobre entidades que obtengan ingresos por intereses y comisiones de más de 800 millones de euros. Con este umbral se excluiría a todas las entidades que operan en España a través de una sucursal.
Las 'fintechs' se libran
Ello pese a que numerosas filiales de entidades extranjeras operan con licencia bancaria y, en algunos casos, de forma "muy rentable" aunque sin el tamaño necesario para que se le aplique el nuevo impuesto.
También señalan a otros competidores no bancarios como fintechs y big techs que se dedican a realizar operaciones de crédito con productos específicos como crédito al consumo, crédito hipotecario, tarjetas, avales, leasing o factoring, entre otros. Estas empresas se verían potencialmente beneficiadas por una subida de tipos sin verse perjudicadas por el nuevo impuesto diseñado por el Gobierno.
Principio de proporcionalidad
Pese a las recomendaciones del Banco Central Europeo, que en 2019 ya aseguró que cualquier impuesto ad hoc aplicado a los bancos con fines presupuestarios sería indeseable, el Ejecutivo central ha manifestado en reiteradas ocasiones que no piensa atender las quejas del sector y los consejos del órgano financiero comunitario.
La pasada semana el secretario de Estado de Hacienda se comprometió a enviar el texto del nuevo impuesto al Banco Central Europeo para su evaluación. Pero el sector bancario considera que el tributo podría entrar en conflicto con el principio de proporcionalidad al entender que "no se respeta el principio de generalidad" y "supone una amenaza a la competencia flagrante", según indican desde una gran entidad financiera.
Inseguridad jurídica
"La adopción unilateral de este tipo de medidas deteriora la capacidad competitiva de las entidades financieras con actividad en España en el mercado único europeo y, además, la falta de previsibilidad de las mismas genera inseguridad jurídica y desincentiva la inversión en nuestro país", sostienen los mismos interlocutores.
Además, las entidades financieras recalcan que el impuesto debería ser para todos y no discriminar entre operadores: "Si se pretende gravar el mayor beneficio que presumiblemente se derivará de la subida de los tipos de interés, el nuevo impuesto debería recaer sobre todas las entidades que desarrollen una actividad financiera y en las que se manifieste la capacidad económica objeto de gravamen".