David Madí, el excargo de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha chocado con la juez y el fiscal en la primera jornada del caso Triacom, en la que se investiga una presunta trama de facturas falsas para defraudar a la autoridad fiscal en trabajos para grandes empresas y TV3. El empresario independentista, acusado de fraude fiscal, ha lidiado con reproches del Ministerio Público y de la magistrada por sus vagas respuestas.
Ha ocurrido hoy en el juzgado de Instrucción 23 de Barcelona, donde se ha celebrado la primera sesión del juicio oral del procedimiento, que debe dilucidar si 420.000 euros en pagos de la productora audiovisual Triacom y otras empresas a firmas vinculadas a Madí entre 2011 y 2013 eludieron las obligaciones fiscales. Durante la jornada, fiscal y juez han reprendido la actitud del excolaborador del expresident Artur Mas por sus respuestas alejadas de lo planteado en la sala.
"Cíñase a las preguntas"
En un momento de su declaración, la magistrada ha emplazado al investigado a ceñirse a la preguntas que le planteaba el ministerio público, pues Madí no contestaba directamente a las mismas, sino que hilvanaba una defensa empresarial y contextual de su desempeño al frente de tres sociedades mercantiles participadas por él y su esposa: Nubul Consulting, ICAT Desenvolupament e Iki Cat XXI.
David Madí, presidente de Companyia General d’Aigües de Catalunya / CG
Lo que es más, el ahora consultor ha adoptado un tono desafiante y ha recordado en diversas ocasiones a la acusación que "no entendía el funcionamiento empresarial". En otro momento, el también acusado en caso Voloh que investiga presunta corrupción entre el empresariado independentista ha tenido a bien recordar que sus contactos como asesor externo eran "a nivel de presidentes y consejeros delegados" de grandes empresas.
No responde
Esas alianzas con altos directivos han sido la base de la defensa de Madí, cuya representación letrada ejerce la prestigiosa abogada penalista Olga Tubau, que consiguió exonerar al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. En cualquier caso, el ejecutivo secesionista ha reiterado, como hiciera en el pasado, la legalidad de las facturas que emitió su empresa de consultoría estratégica, Nubul, por sus servicios a Triacom.
En el mismo sentido, el declarante ha sostenido que las notas de pago eran por "servicios" realizados para la productora, trabajos que, en el caso de algunos otros pagos menores, emanaban de "su capacidad" como especialista en comunicación. Cabe recordar que Madí fue portavoz del Govern y secretario de Comunicación y Estrategia en la Administración autonómica con CiU.
Defensa ya conocida
Negro sobre blanco, Madí se ha defendido de las preguntas que buscaban probar el supuesto fraude fiscal con una defensa ya conocida: la confianza. El directivo ha asegurado que si consiguió prebendas de diversas compañías --la propia Triacom le pagó algunos gastos del despacho de Núbul en el paseo de Gracia de Barcelona-- y clientes fue por sus contactos en el mundo empresarial y su experiencia como comunicador.
Esa cercanía permitió que las facturas --lo examinado en este procedimiento penal-- no tuvieran seguimiento sobre realización de trabajos y otros aspectos sobre los que ha preguntado el Ministerio Público. O que las reuniones de trabajo no tuvieran actas. "En las reuniones de trabajo de empresas no se levantan actas, no sé si lo sabe", ha deslizado el acusado al fiscal.
Sin reproche de Inspección o la Agencia Tributaria
Se trata de una doble línea de justificación ya aducida en el pasado, incluido el escrito de defensa presentado por su equipo legal. Las facturas corresponden a trabajos realizados que se conseguían y fiscalizaban en base a la concomitancia con otros empresarios, y que en todo caso se liquidaban las olbigaciones fiscales. A este respecto, una de las líneas argumentales más fuertes que han seguido Madí y su letrada han sido que jamás hubo reproche de la autoridad laboral a fiscal con las empresas del ex alto cargo.
El empresario David Madí, implicado en la 'trama rusa', saluda a Albert Batet y Laura Borràs / EFE
Y también la "burocracia", a la que el enjuiciado ha culpado para explicar algunas incoherencias temporales entre los trabajos y la constitución de uno de los pagadores. Todo ello lo ha cuestionado el fiscal, que ha preguntado sobre la elevada facturación de las consultoras de Madí --4,5 millones solo entre 2011 y 2013--, su facilidad para conseguir financiación o la elaboración de trabajos para grandes empresas.
Las facturas, la clave
Lo mollar en el caso Triacom es la adecuación fiscal de un conjunto de facturas pagadas a las tres sociedades citadas que participaban Madí y su ex esposa, Sandra Buenvarón. Solo la productora que dirigía Oriol Carbó, exgerente de TV3, abonó 420.000 euros a las tres mercantiles entre 2011 y 2013, avanzó Eldiario.es. Ello mientras esta empresa audiovisual, también participada por Jaume Roures, presidente ejecutivo de Mediapro, facturaba trabajos para TV3.
Por su parte, otras dos sociedades, ICAT Desenvolupament y Iki Cat también presentan pagos sospechosos y costeo de gastos de sus despachos, aunque de menor cuantía.
La próxima vista del juicio oral se celebrará este mismo viernes, 29 de julio.