El conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Vauras Investment continúa casi dos meses después de que un juez ordenara al consistorio retirar las multas que le había impuesto a este fondo de inversión, que previamente había denunciado a la alcaldesa Ada Colau y a dos de sus concejales por prevaricación y coacciones en el caso de okupación de un edificio.

En concreto, el ayuntamiento barcelonés se vio obligado a revertir a finales de abril pasado cinco expedientes sancionadores contra este fondo por un valor de 420.000 euros y que, en algunos casos, estaban en proceso de embargo. La representación letrada de Vauras, cuyos intereses defiende la abogada María José Tarancón, recibió en esas fechas un auto judicial en el que se notificaba la cancelación de esas cinco multas. 

El embargo se ha hecho

Sin embargo, desde la representación del fondo denuncian que, a fecha de hoy, una parte de esos embargos --por valor de 150.000 euros-- todavía se mantiene, hecho que consideran improcedente al derivar de una sanción declarada ilegal y nula por el juzgado contencioso administrativo 4 de Barcelona.

Una situación que no se explican, pues el propio consistorio --según afirma Tarancón a este medio-- revocó la sanción el 28 de abril de 2022 y acordó reintegrar todas las cantidades embargadas. Y que consideran delictiva, dados los perjuicios económicos causados a la compañía, y tras la cual ven ánimo de coacción, al existir una resolución expresa y una sentencia firme.

Presuntas coacciones

El juez determinó que las sanciones que interpuso el ayuntamiento barcelonés a Vauras por no ofrecer alquileres sociales ya no están vigentes, después de que el Tribunal Constitucional anulara parte del Decreto Ley 17/2019 de la Generalitat por un recurso de inconstitucionalidad. El consistorio sostenía que dichas sanciones las impuso cuando la ley estaba en vigor.

El pasado 25 de abril, la Audiencia de Barcelona ordenó investigar a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a los concejales Marc Serra y Lucía Martín por presuntamente coaccionar a Vauras para que diera en alquiler social pisos de su propiedad --entre ellos el Bloc Llavors-- que estaban ocupados por familias supuestamente vulnerables.

Desalojo del Bloc Llavors

En marzo de 2020 se habían desalojado por orden judicial y al sexto intento unos pisos okupados en un edificio conocido como Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec. El Ayuntamiento de Barcelona pretendía que el fondo de inversión procurara, a cambio del desalojo, pisos de alquiler social para los okupas, en cumplimiento de esa Ley 17/2019. Ante la renuncia de Vauras Investment a acceder a esas exigencias, la Administración municipal abrió cinco procesos sancionadores por supuestos incumplimientos en las normativas relacionadas con el acceso a la vivienda. Sanciones que ha renunciado a cobrar, si bien desde la representación de Vauras se asegura que parte de los embargos no se han levantado.

El decreto ley que había aprobado el Govern catalán preveía que los grandes tenedores de vivienda tienen que ofrecer un alquiler social a personas o familias que lleven más de seis meses okupando una vivienda sin contrato y que estén en situación de vulnerabilidad acreditada antes de iniciar la demanda judicial.