La gran empresa teme que el Gobierno le cargue el ajuste fiscal que le pide Europa

El resultado de las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo en Andalucía ha terminado de encender las alarmas en el entorno de las grandes empresas españolas, que ya preveían un otoño caliente como consecuencia de una eventual recesión que cada vez cobra más cuerpo y que ahora puede verse agravada por la precipitación de las medidas del Gobierno en materia fiscal, que podrían tener precisamente a las corporaciones de referencia como principales víctimas. 

Los comicios andaluces, en los que tanto PSOE como la coalición de izquierdas próxima a Unidas Podemos (los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno) han obtenido resultados notablemente decepcionantes, han vuelto a hacer correr la especie de un posible adelanto de las elecciones generales, lo que llevaría al Consejo de Ministros a tratar de acelerar las medidas en las que trabajan para poder aprobarlas e implantarlas antes de que sea demasiado tarde.

Una consolidación que no llega 

Por lo pronto, en las últimas horas ya ha habido confirmación oficial de que las compañías energéticas verán elevada su fiscalidad, una decisión que ha generado serias discrepancias en el seno del Palacio de la Moncloa pero que, finalmente, saldrá adelante, con el consiguiente malestar generado en el sector y el castigo bursátil en forma de miles de millones de capitalización que han volado en la última sesión.

No se trata de algo inesperado por parte de la grandes empresas del sector; sin embargo, lo que sí ha sorprendido ha sido el momento de llevarlo a cabo, de forma aislada, sin estar incluido en un paquete de medidas que fuera algo parecido a una reforma que conduzca a la tan ansiada consolidación fiscal en la que tanto han insistido, incluso desde antes de la pandemia, organismos independientes como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). 

Escasa interacción

También ha generado un sentimiento negativo el hecho de que la decisión haya llegado sin un diálogo previo con el sector en busca de posibles soluciones al encarecimiento de los precios de la energía y su efecto directo tanto en el recibo de la luz como en la inflación. 

Algo que, según advierten desde círculos empresariales, comienza a ser cada vez más habitual. “Nunca ha habido un diálogo especialmente activo pero, de un tiempo a esta parte, es prácticamente inexistente. De algunas medidas de calado nos hemos enterado por la prensa y no es una forma de hablar”, apuntan desde una de las referentes del sector. 

El caso del tope del gas

Uno de los últimos casos ha sido el de la maniobra para limitar los precios del gas empleado para la generación de electricidad, gracias a la consideración de la Península Ibérica como isla energética de forma provisional por parte de la Comisión Europea. Su aplicación, tras varios tiras y aflojas con el Ejecutivo comunitario no está dando los frutos esperados debido a los cambios que los gobiernos de España y Portugal han tenido que introducir en el esquema inicial.

“Con la colaboración del sector se podría haber articulado un sistema mejor, seguramente menos cosmético de entrada pero más efectivo y realista. Pero nuestro papel en este punto ha sido testimonial”, señala la citada fuente.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) / EP

Otro foco de preocupación para la gran empresa es lo sucedido tras el fin del programa de estímulos del Banco Central Europeo (BCE) previo al inicio de la subida de tipos de interés en la zona euro. La notable subida de las primas de riesgo de algunos países, especialmente los más endeudados como Italia y España, ha llevado al organismo emisor a anunciar futuras medidas para evitar la fragmentación.

Un anuncio que ya ha tenido su correlato en los mercados, con la relajación de los diferenciales e incluso de los rendimiento de los bonos pero que, sin embargo, no saldrá gratis. A cambio, las autoridades europeas pedirán a los países que resultarán más beneficiados por la medida que correspondan con reformas que aligeren sus cifras de déficit y deuda. Ajustes que la gran empresa teme que el Gobierno no atacará por el lado de los gastos sino de los ingresos, a través de más impuestos, y que las corporaciones están en el punto de mira. 

¿Hacia una recesión?

La inesperada guerra en Ucrania y su aún menos prevista larga duración incrementa día a día los pronósticos que apuntan a una recesión para el último tercio de 2022 o para 2023, ante una inflación desbocada que está afectado incluso a las economías más fuertes y dinámicas como la de EEUU, hasta el punto de forzar a la Reserva Federal a ejecutar una subida de tipos de 75 puntos básicos de golpe, lo que no había sucedido en los últimos 28 años.

De confirmarse los peores augurios, los empresarios alertan sobre que la situación volvería a sorprender a España con unas muy elevadas cifras de deuda y déficit y “sin reformas estructurales de calado en marcha para cambiar tal dinámica, de manera que lo que cabe esperar es más medidas temporales, improvisadas, reactivas en lugar de proactivas”.

En medio de este escenario, la gran empresa se siente en el punto de mira y bajo la amenaza de padecer los efectos de la huida hacia adelante de un Gobierno al que la situación económica y los resultados electorales dejan cada vez más debilitado.