El Instituto Agrícola rechaza ampliar el espacio natural protegido del delta del Llobregat

El Instituto Agrícola rechaza el diseño de ampliación del espacio natural protegido del delta del Llobregat presentado por la Generalitat de Cataluña ya que supone “condenar al sector agroalimentario a la irrelevancia y la ruina a medio plazo”, ha asegurado la entidad en un comunicado.

La patronal critica que el Govern, con el concurso de los Comunes, opte por la vía “más fácil de todas las existentes: ampliar el espacio protegido sin que exista ni la más mínima garantía científica y técnica de que ayude a recuperar la degradación ecológica de la zona'', señalan.

“Arruinar el sector”

El instituto presidido por Baldiri Ros alerta que la consecuencia práctica más importante que tiene la ampliación de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) es “congelar la actividad productiva con multitud de prohibiciones y limitaciones para los empresarios agrícolas”.

En este sentido, los agricultores denuncian que el Govern “miente” al asegurar que el único camino posible para recuperar ecológicamente la zona sea ampliar la superficie protegida de una manera “indiscriminada”: más de 400 hectáreas sobre el planteamiento original y 1.200 hectáreas con respecto a la superficie actual.

“Atropello” al derecho de propiedad privada

Además, insisten en que se trata de un “atropello” al derecho de propiedad privada de los empresarios agrícolas, puesto que la normativa ZEPA prohíbe el desarrollo de actividades productivas “fundamentales” como la modernización de regadíos, la construcción de infraestructuras vitales para la tecnificación de cultivos o la construcción de invernaderos.

Opinan que esta figura especial de protección de las aves es “incompatible con cualquier actividad económica mínimamente tecnificada debido a las restricciones que impone, sin que estas tengan un impacto necesariamente negativo sobre la conservación ambiental”.

Plan de inversiones

Por otro lado, hablan de un “chantaje al territorio” plantear un plan de inversiones en infraestructuras hídricas “claramente insuficiente” sujeto a la aprobación de la ZEPA. “Sabe perfectamente el Govern que lo que está planteando no es posible ponerlo en marcha si el territorio se declara zona ZEPA”, señalan.

Así, consideran que la cantidad de 450.000 euros para el año 2023 supone “un insulto difícilmente tolerable” cuando anualmente se producen inundaciones que provocan la ruina de los cultivos.

Escuchar a todos los implicados

Desde la patronal piden que se escuche “verdaderamente” a todos los actores implicados y exige al ejecutivo catalán la flexibilidad necesaria para aceptar otras propuestas alternativas frente a “su solución única”.

Es por ello que solicitan a la administración la publicación de los estudios preceptivos, así como una auditoría independiente de estos y de las evaluaciones “que se deberían haber realizado” de la actual zona ZEPA.