El rescate de Celsa pasa a ser una ‘cuestión de Estado’

Este lunes se produjo un hecho sin precedentes en la ya larga pelea que sostiene la acerera con sus principales acreedores, que se extiende incluso a los meses anteriores a la llegada de la pandemia. En un mismo día y con unas pocas horas de diferencia, los tenedores de deuda y la compañía hacían llegar a la prensa sendos comunicados en defensa de sus posiciones, por ahora sensiblemente alejadas, y con reproches mutuos hacia los otros.

Movilización entre bambalinas

No sería en principio algo anormal si no fuera porque, hasta ahora, suponía prácticamente una misión imposible que cualquier de las dos partes se pronunciara sobre los sucesivos acontecimientos desarrollados desde que Celsa comenzó a no atender vencimientos de deuda y a llevar esta situación a los tribunales en busca de una protección que, hasta la fecha, ha sido capaz de lograr.

El presidente de Celsa, Francesc Rubiralta, frente a una de las plantas de la siderúrgica / FOTOMONTAJE CG

El hecho de que ambas partes, motu proprio, se hayan pronunciado da idea de que la pelea está en todo lo alto, a lo que ha contribuido de forma notable la movilización en el entorno político. Alertados desde la dirección de la compañía por las consecuencias que podría tener el supuesto de que decaiga el rescate por parte del fondo de ayuda a empresas estratégicas de la SEPI, valorado en 550 millones de euros (el más voluminoso de los articulados por este mecanismo), los gobiernos autonómicos de aquellos territorios en los que está presente Celsa no han dudado en tomar cartas en el asunto e incorporarlo con carácter de urgencia a sus respectivas agendas.

El movimiento de la Generalitat

En un movimiento cuasi coordinado, a mediados de la pasada semana se fueron sucediendo las manifestaciones públicas e incluso comunicados oficiales por parte de los ejecutivos autonómicos. Uno de los primeros fue, como no podía de otra forma por albergar la sede de la empresa, la Generalitat de Cataluña, a través de su conseller de Empreasa y Trabajo, Roger Torrent, con un llamamiento a que un modelo industrial como el de la acerera “prevalezca sobre los intereses financieros que no priorizand el mantenimiento y crecimiento de los puestos de trabajo”. 

Apenas unas horas después, fue el turno del consejero de Industrial del Gobierno de Cantabria, Javier López Marcano. Mostró públicamente el apoyo del Ejecutivo autonómico a la compañía y defendió la idea de que la actividad de la siderúrgica "debe prevalecer por encima de intereses financieros que no prioricen el mantenimiento y crecimiento de puestos de trabajo y que impedirían el acceso a los fondos públicos” en referencia a los préstamos de la SEPI.

El peso en el PIB

Aunque es más conocida la relevancia de Celsa en Cataluña, donde ya es el segundo gran grupo industrial tras Seat (después del cese de actividad de Nissan), la relevancia del grupo en la economía de Cantabria es más que significativa.

Propietaria de la planta de la otrora cotizada Global Steel Wire (GSW), el grupo aporta cerca de una cuarta parte del total de las exportaciones de la Comunidad Autónoma, además de dar trabajo a cientos de personas en toda la región norteña. 

Manifestantes de la plantilla de Celsa en Barcelona / VR - CG

Al día siguiente fue la Xunta de Galicia la que entró en juego con unas declaraciones del vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde (posteriormente recogidas en un comunicado oficial del Ejecutivo autonómico) en las que mostró el apoyo a la compañía y la defensa de su actividad frente a “otro tipo de intereses”, que personalizó en los acreedores. A ellos, les instó a desbloquear el rescate, no sin dejar de recordar que el plazo vence el próximo 30 de junio, lo que reviste aun de mayor urgencia la situación. 

“Han tocado a rebato, no cabe ninguna duda. Y la baza política la han ganado los Rubiralta al movilizar a las Administraciones Públicas”, apuntan fuentes conocedoras de la situación, quienes además destacan el hecho de que el asunto de Celsa no ha tardado en saltar a la primera línea cuando hasta hace apenas una semana era prácticamente desconocido para el gran público.

Apoyo de siete autonomías

El último episodio se ha vivido en las últimas horas al trascender que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha aprovechado su presencia en Barcelona para mantener un breve encuentro con el conseller de Economía y Hacienda del Govern, Jaume Giró, en el que la situación del grupo industrial ha sido uno de los asuntos tratados, pese a que la duración de la reunión apenas ha alcanzado el cuarto de hora. 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, valora la revisión al alza del PIB / EP

En el mencionado cruce de comunicados entre la compañía y los acreedores, Celsa no ha olvidado incluir el apoyo que ha recibido de los siete gobiernos que rigen los destinos de las autonomías en las están presentes sus diferentes centros de producción. Aquellos que, en opinión de los representantes de los trabajadores, corren peligro en el caso de que las entidades que constituyen el grueso de los acreedores, en su mayoría fondos de inversión, logren finalmente controlar la siderúrgica.

Contrarreloj

Un extremo que, precisamente, desmienten los tenedores de la deuda en su nota, en la que aseguran que en sus propuestas no figuran movimientos como deslocalizaciones de plantas ni traslado al exterior del centro de decisiones, una acusación que, en este caso, parte directamente de la dirección de Celsa. 

Por el momento, las posiciones permanecen distantes y no hay constancia de nuevas propuestas. Los números y cálculos de unos y otros, con reuniones incluidas de por medio, han dado paso al ruido mediático y la exhibición de otro tipo de armas. 

A pesar de esto, si algo escasea en este proceso es el tiempo. Apenas restan poco más de dos semanas para que el Consejo de Ministros deba pronunciarse sobre un asunto en el que poco podrá hacer si sobre su mesa no hay un acuerdo entre las partes. Son horas de llamadas telefónicas, presiones y batalla por la propaganda.