Barcelona ha vuelto a tropezar con la regulación de los hogares compartidos, que ha quedado encallada de nuevo en plena reactivación del turismo local. El ayuntamiento prohibió de forma temporal este tipo de alojamientos a la espera de una nueva norma, pero su debate ha quedado en un cajón por la cercanía de las elecciones municipales.
Los comicios se celebrarán en mayo de 2023 y los partidos en el gobierno no se quieren meter en ese jardín. Uno de los principales escollos de la esperada regulación local es la diferencia de posturas entre los comunes y el PSC. El partido liderado por Ada Colau es más reticente a todo tipo de apartamentos turísticos, mientras que los de Jaume Collboni verían con buenos ojos dar un trato diferenciado a los hogares compartidos por los beneficios que el home sharing comporta para la economía de la ciudad y sus vecinos. Además, tienen una posición de partida de fuerza, ya que la concejalía de Turismo que debería tutelar el proceso está en manos de los socialistas.
La reforma se eterniza
El home sharing consiste en alquilar el domicilio donde reside el propietario por habitaciones o de forma íntegra durante unos días o semanas. Es una fórmula que da un respiro económico a las familias que reciben a visitantes, de modo que ha ganado atractivo en un momento de incertidumbre financiera y precios disparados. Además, permite diversificar la oferta turística de la ciudad para prestar alojamiento tanto a familias que llegan atraídas por el ocio local como a viajeros de negocios o que participan en congresos profesionales, entre otros perfiles identificados como de alto interés por el sector. En ninguna otra ciudad europea se cuestiona o prohíbe esta forma de hospedaje, a menudo bien vista por las autoridades ya que el viajero que suele alojarse en ellas es el que mayor interés muestra por integrarse y respetar la realidad local, y con un impacto económico que recae directamente sobre el dueño de esa vivienda.
Xavier Marcé, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona / EP
En las últimas reuniones con los propietarios de hogares compartidos, el concejal de Turismo, Xavier Marcé, ha asegurado que se van a regular estos pisos. Sin embargo, según detalla la asociación Vecinos y Anfitriones de Cataluña, todavía no se ha concretado el calendario de esta nueva ordenanza. La entidad prepara una campaña de sensibilización para acelerar la reforma que legalice el home sharing en Barcelona.
¿Nueva ley catalana?
Según fuentes del sector, la Generalitat también prepara cambios en la ley catalana de turismo, que reconoció el pasado agosto los hogares compartidos. Con todo, no llegará a corto plazo. El proyecto está poco avanzado --la directora general de Turismo, Marta Domènech, fue nombrada por ERC hace menos de un año--, de modo que aún no está claro si el nuevo marco legal flexibilizará o endurecerá la regulación.
Por ahora, el home sharing es legal en Cataluña, algo que Airbnb, el gigante del sector, define como “un gran paso adelante para quienes deseen realizar esta actividad”. Por otro lado, deja libertad a los municipios para aplicar vetos como el de la Ciudad Condal.
Un “salvavidas” económico
“La ausencia de reglas claras para compartir habitaciones en el propio hogar en Barcelona perjudica a las familias que más necesitan estos ingresos adicionales”, lamentan los portavoces de la plataforma. De hecho, recuerdan que “compartir el propio hogar es un salvavidas económico para muchos”.
Una realidad que constata Dylan Tarín, presidente de la asociación de anfitriones, quien destaca que en muchos casos los vecinos que alquilan sus habitaciones están “en riesgo de vulnerabilidad”. También defiende el “intercambio cultural” que se da entre vecinos y visitantes, así como las oportunidades para aprender inglés.
Mayor control y selección
El Gremio de Hoteles de Barcelona, inicialmente partidario de la limitación, ha suavizado el tono en cuanto al home sharing, al que no considera un rival. “Es un negocio que no tiene nada que ver con nuestra actividad. Hace muchos años que existe, es absolutamente residual: nunca lo hemos visto como competencia”, afirma su director general, Manel Casals, que apuesta por diferenciar este modelo de los apartamentos de uso turístico.
Jordi Clos y Manel Casals, presidente y director general del Gremio de Hoteles de Barcelona, respectivamente / VR - CG
En lo que coinciden tanto los propietarios de hogares compartidos como los empresarios hoteleros es que la masificación que ha comportado el otro tipo de alquiler vacacional, el de los apartamentos turísticos, en determinadas zonas, ha generado rechazo vecinal contra el conjunto del turismo, uno de los pilares económicos de la ciudad. Pero, como apunta Pablo Díaz, profesor de economía y turismo en la UOC, “no es lo mismo alquilar piso entero del que te desligas y no vigilas el comportamiento de los turistas que el home sharing, en el que estás presente y te interesa que haya un comportamiento adecuado”.
Éxito de convivencia
Díaz también apunta a la “selección previa” que se da tanto en este caso como en otros ejemplos de economía colaborativa como el intercambio de viviendas, en el que dos familias se ceden mutuamente su hogar para pasar las vacaciones en otra ciudad ahorrando dinero. De nuevo, el control de los perfiles que los propietarios consideran merecedores de su hospitalidad evita en gran medida el turismo de borrachera, cada vez menos deseado en los destinos porque ahuyenta al visitante de alto gasto e intereses culturales.
Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange España, señala que Cataluña, donde esta plataforma tiene registradas 16.000 propiedades, es “el principal destino” de intercambio de casas del país. En este caso, ni la regulación catalana ni municipal impiden su funcionamiento “al no haber transacción económica”.
Politización del debate
Ambas normativas, la catalana y la de Barcelona, tienen la asignatura pendiente de una mayor definición en cuanto a los hogares compartidos, pero ello depende, a su vez, de los detalles del nuevo modelo turístico de la marca Barcelona. Un debate necesario desde el punto de vista económico, pero que ha abocado a un sector clave a una politización que dificulta la consecución de consensos y que se intensifica a medida que se acerca la cita electoral del 28 de mayo de 2023.