La batalla soterrada entre la dirección de Celsa y sus principales acreedores prosigue mientras se acaba el plazo para que acuerden los términos definitivos del rescate de la SEPI que permita articular el proceso. Este lunes, las entidades tenedoras del 90% de los préstamos han insistido en que los intereses financieros de la familia Rubiralta, propietaria de la empresa, constituyen el principal obstáculo que impide desbloquear la operación.
Los acreedores han emitido un comunicado en el que reiteran el planteamiento que ya expusieron a finales de la pasada semana. Además, hacen especialmente hincapié en su compromiso tanto con el mantenimiento en España de los centros de decisión como de los centros de producción y los puestos de trabajo.
Discrepancias con el beneficio
Reiteran que el único punto en el que actualmente discrepa acerca de los términos del rescate es el referido a “cuánto se beneficia la familia Rubiralta de este acuerdo a costa de los acreedores”.
El presidente de Celsa, Francesc Rubiralta, frente a una de las plantas de la siderúrgica / FOTOMONTAJE CG
Las entidades, en su mayoría fondos de inversión que compraron en su día la deuda a los bancos con descuentos muy notables, recuerdan que el planteamiento de la SEPI supone una quita de 1.200 millones de euros de la deuda, aproximadamente el 50% del volumen total, y que Rubiralta ha exigido mantener la propiedad de Celsa, algo a lo que han accedido finalmente.
Reparto del valor
Sin embargo, los acreedores consideran que estas cesiones y sacrificios por su parte no se ven correspondidos por el accionista.
“La única diferencia entre las posiciones de la compañía y los acreedores es el reparto de cualquier valor existente una vez que la financiación de la SEPI y la deuda reestructurada sean reembolsadas”, explican en la citada nota.
Aportación insuficiente
Los tenedores de la mayoría de la deuda asociada a los préstamos Jumbo y convertible recuerdan que el único esfuerzo al que se ha comprometido el accionista es la aportación de 50 millones de euros a través de una ampliación de capital, lo hace que los acreedores consideren la propuesta de reparto de valor de la empresa “injusta, desproporcionada y totalmente incoherente con todos los principios generalmente establecidos en las finanzas corporativas.
El interior de la planta de Celsa en Castellbisbal (Barcelona) / CELSA
La propuesta que las entidades han hecho llegar a los Rubiralta consiste en que los primeros 550 millones de euros que Celsa obtenga como valor al margen del cumplimiento de los compromisos con la SEPI vayan a parar a sus arcas a través de un vehículo domiciliado en Luxemburgo, con un interés anual del 10%. A partir de esta cifra, el resto se repartiría en un 51% para los Rubiralta y en el 49% restante también para los fondos.