Las largas colas de la operación retorno de este lunes, segunda Pascua en Cataluña, han puesto en alerta a los gestores de tráfico de la Generalitat. Las retenciones más tediosas se dieron en la AP-7, fomentadas por la eliminación de los peajes en la vía hace apenas un año.
El Govern salió ayer con una batería de propuestas que han enfurecido al sector del transporte, como la prohibición de circular camiones por esta carretera los fines de semana.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja / EP
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, achacó el incremento del 40% de la movilidad en esta autopista a la “eliminación de los peajes”. Por ello, anunció una serie de medidas entre las que se encontraba la “restricción de vehículos pesados los fines de semana”. Esta propuesta, no obstante, tan solo se encuentra “sobre la mesa”, aunque los transportistas ya han recriminado al Ejecutivo la necesidad de invertir más en infraestructuras y piden “dejar de criminalizar” al sector.
Mercancías hacia Europa
La mayoría de las patronales y gremios de transportistas aseguran que de aplicarse la medida del Govern catalán sería un “contrasentido”. Le acusan, además, de “criminalizar” al sector para “tapar la falta de inversiones en infraestructuras”, como sería el caso de una ampliación de la AP-7. La autopista concentra la mayoría de las mercancías que se producen en el arco mediterráneo español en su camino hacia Europa, visto que en la construcción de la alta velocidad a Francia, Adif decidió no realizar un tercer raíl para el tránsito de mercancías sin tener que cambiar el ancho de vía en Portbou-Cèrvere.
“Sería un caos, el domingo es cuando cruzamos La Jonquera para poder repartir los productos en Europa durante la semana”, apunta el presidente de la Asociación de Transportistas Agrupados Condal, Evaristo Magaña. “¿Dónde dejamos los camiones parados, en Amposta? Son casi 8.000”, remarca. Por esta carretera cruzan la frontera unos 1.200 trailers cada día, alrededor de 12.000 a la semana. Magaña, como otros trabajadores del sector, recuerda que es el único acceso que existe actualmente y que, puesto a hablar del paso de Irún, la capacidad en el cruce del País Vasco no supera los 1.000 vehículos pesados diarios.
Un camionero entre dos camiones / EP
Prohibición de circular por la Nacional
La polémica vecinal causada por el paso desmedido de camiones por las carreteras N-340 y la N-II propició que se obligara en 2018 a los camioneros a utilizar la AP-7, cuando aún existía el peaje. Una vez eliminado, el aumento de turismos, pero también de producción y, por ende, de vehículos de mercancías, han hecho colapsar la arteria que nutre al centro de Europa de productos procedentes tanto de Cataluña como de la huerta almeriense o murciana. “En la Comunidad Valenciana no existe ninguna restricción para que circulemos, y vienen camiones de Andalucía, de Murcia y de la propia autonomía”, exclama el secretario general de la patronal Fenadismer, Juan José Gil.
“No es admisible que ahora que es gratuita se les pretenda expulsar de la vía, cuando [el Govern] son los responsables del incremento del tráfico que ha experimentado”, explica Gil. Subraya, además, que realizan un “servicio público y esencial” para que las frutas, verduras, carne y otros productos no perecederos lleguen a las principales urbes de España y del continente. Algunos, como Magaña, apuntan a que se trata de un “problema político” para tapar las inversiones y espera que, aunque no puedan circular por la AP-7, se les habiliten rutas alternativas, lo que haría colapsar las carreteras nacionales actuales hasta la frontera.
Camiones en la autopista AP-7
Restricciones en Francia
“En Francia se prohíbe circular durante tres fines de semana de julio, pero son puntuales y debidos a una causa recurrente como las vacaciones”, asevera el presidente del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, Antonio Martínez. “En la AP-7 no solo hay camiones, también hay coches, no es culpa nuestra”, remarca. La cuestión es que las restricciones europeas permiten circular hasta las diez de la noche del sábado y volver a hacerlo a la misma hora del domingo. Pero el sector recrudece sus críticas al Govern por un posible cierre hasta medianoche, lo que pondría en peligro las entregas en Alemania o Italia.
El gremio catalán de transportistas y las patronales cargan contra una medida que, por otra parte, tan solo se encuentra sobre la mesa. “Es una amenaza política”, sentencia Magaña. Los transportistas piden explicaciones por lo que creen que es una “criminalización” del sector e instan a la Generalitat a hablar con ellos que, al fin y al cabo, serían los principales afectados por la prohibición.