La empresa sueca de Bañuelos empieza a sufrir los rigores del auditor

Los títulos de Inzile, que cotizan en el mercado de empresas en crecimiento del parquet sueco, se hundieron algo más de un 9% una vez que trascendieron los detalles del citado documento, en el que la firma PwC señala que la ampliación de capital que hizo posible que Bañuelos tomara el control mayoritario de la empresa se llevó a cabo sin que el consejo contara con una valoración previa de los activos.

Sin informe de valoración

La operación se articuló en dos fases. En la primera, Inzile se hizo con el 80% de QEV Tech Holdings, controlada por Bañuelos, transacción por la que desembolsó 494 millones de coronas suecas (algo más de 50,5 millones de euros al cambio actual). A continuación, el empresario español suscribió una ampliación de capital de Inzile por la que se hizo con el 63% de los títulos de la compañía que, por lo tanto, ya incluía en su balance a QEV Tech. 

El detalle que ha revelado la auditoría es que el consejo de Inzile aprobó la primera fase de la operación, esto es, la compra de la mayoría del capital de QEV Tech Holdings, sin contar con el preceptivo informe que valorara el activo que se iba a adquirir.

Peculiar operación inversa

En su informe ejecutivo de cuatro páginas, al que ha tenido acceso Crónica Global, PwC señala que el consejo de Inzile tampoco ha podido aportar una valoración a posteriori, de manera que la auditora ha sido incapaz de determinar si se ha producido un deterioro en esta participación. 

La firma explica que la fórmula elegida para hacer la operación permite que aunque haya sido QEV Tech la sociedad adquirida, sea ésta la que figure como matriz y, por lo tanto, consolide los activos de Inzile como si ésta fuera la participada. Una opción que se contempla como legal pero que no es óbice para detectar la anomalía de no haber valorado previamente los activos adquiridos.

A ciegas 

En definitiva, una operación “a ciegas” que podría tener consecuencias legales negativas para Inzile. Al menos, así lo hace saber la auditora ante la constatación de que no hay evidencias de que para realizar la adquisición de QEV Tech el consejo haya manejado informes de valoración ni tampoco haya encargado el pertinente estudio exhaustivo de los libros de contabilidad y la información financiera disponible de la compañía a adquirir, lo que se conoce como due dilligence.

“Como consecuencia de esta falta de valoración no debe descartarse que la decisión del consejo de comprar las acciones de la sociedad finalmente adquirida mediante emisión de nuevas acciones de Inzile pueda haber significado contar con una ventaja adicional en perjuicio del resto de accionistas”, apunta PwC que, además, considera que este hecho podría ir en contra de lo estipulado en la legislación sueca en materia de sociedades de capital.

Sin opinión

El informe va más allá e identifica con nombre y apellido a varios miembros del consejo de administración y diferentes comisiones que participaron en todas las decisiones que condujeron a Inzile a realizar la operación “cuya valoración no ha sido contrastada en ningún momento a través de alguna fórmula”. Para PwC, este hecho podría derivar en que la transacción podría ocasionar perjuicios económicos a la empresa.

De hecho, PwC declina emitir una valoración sobre las cuentas de Inzile debido a la tan manifiesta falta de información en relación con una operación tan voluminosa como esta para el fabricante de vehículos eléctricos. 

Votaciones en la junta

La auditora tampoco se pronuncia sobre la decisión que deban tomar los socios acerca de la aprobación de los resultados en la próxima junta de accionistas aunque sí considera que deberían votar en contra de uno de los puntos del orden del día, referente a la exención de responsabilidades por parte de aquellos consejeros que citaba anteriormente, incluido el presidente de Inzile, Ragnar Ahgren, y que fueron claves para decidir la compra de la empresa de Bañuelos.

Por el contrario, PwC sí avala el voto favorable de los socios de la compañía a los nombramientos de nuevos miembros del consejo de administración, en los que se incluyen los propuestos por Bañuelos. Entre ellos figura Yago Méndez, estrecho colaborador del empresario valenciano en diversos proyectos anteriores. 

El inicio del fin de Astroc

La relación entre ambos procede de la etapa de la salida a bolsa de la antigua Astroc, en 2006, que contó con la ya extinta Caixa Galicia como colocador. Por entonces, Méndez trabajaba como alto ejecutivo de la entidad financiera gallega, que incluso adquirió una participación del 5% en la inmobiliaria con ocasión de la OPV.

De este modo, Bañuelos vuelve a toparse con el obstáculo de un informe de auditoría crítico, como ya la sucediera en su día en la citada Astroc. Tras una meteórica revalorización en el parquet, que llegó a superar el 1.000% en apenas nueve meses, el valor inició una no menos espectacular caída a los infiernos después de que los auditores advirtieran de los elevados riesgos que suponía para la empresa el hecho de que una parte muy importante de la facturación y el flujo de caja registrados estuviera relacionada con operaciones intragrupo, es decir, entre la matriz y algunas filiales. 

Patrones similares

Este hecho convertía en ficticio y artificial un fenómeno que había dejado boquiabiertos a propios y extraños en los mercados por la evolución de una compañía aparecida prácticamente de la nada. 

Fue el principio del fin de Astroc y los primeros síntomas de que el ‘boom’ inmobiliario gestado en los primeros años del siglo contaba con pilares mucho menos sólidos de lo que se pensaba. Casi 15 años después, la historia parece repetirse, también en un sector en pleno auge como el de la electromovilidad.