El juez instructor número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha decidido continuar la investigación contra la cúpula de New Balance en España y Portugal. La marca estadounidense de zapatillas deportivas está denunciada por dos distribuidores españoles, Experience Store y Experience Store Outlet, por un delito de coacciones, uno contra el mercado y los consumidores por el descubrimiento y utilización en provecho propio de secretos de empresa y otro contra el mercado por abuso de posición dominante.
El juez admitió a trámite la querella en contra de la compañía estadounidense e incluso fijó fecha para los interrogatorios de los siguientes querellados: la country manager en España, Anna Scheidgen; su hija, la directora de operaciones y actual directora general, Ángela Scheidgen; así como el vicepresidente ejecutivo mundial de la compañía, Paul Gauron.
Ruptura comercial con Experience
Pero esta diligencia se suspendió dado que el magistrado solicitó documentación para proceder al interrogatorio sobre el contenido de la querella. Finalmente, el juez ha decicido proseguir las pesquisas en contra de las peticiones de los demandados.
Los querellantes sostienen que desde 2016 han promovido la red de tiendas de New Balance, que cerró de forma fulminante el 31 de diciembre del año pasado por decisión unilateral del gigante textil. El escrito recoge distintos correos que se habrían cruzado con la cúpula de New Balance en los que se daría por oficial que el contrato que les une desde 2016 se prorrogaba como mínimo hasta 2026, y no 2021 como sostiene la marca. Sostienen que la firma estadounidense no ha cumplido este compromiso.
Investigación en curso
De este modo, ambas empresas relatan que realizaron inversiones millonarias con la certeza de que, al menos hasta 2026, seguirían siendo parte del equipo de la enseña.
Por contra, la parte demandada niega en su escrito de alegaciones las acusaciones y argumenta que una parte sustancial de la querella en trámite ya fue archivada en la jurisdicción civil. Ambas partes están a la espera de que el juez fije la fecha de los interrogatorios a investigados y testigos.