El vicepresidente mundial de New Balance, citado a declarar en España

El juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal que las empresas Experience Store S.L y Experience Store Outlet han presentado contra el vicepresidente ejecutivo mundial y asesor general de la compañía estadounidense New Balance, Pablo R. Guaron.

Las dos empresas españolas denunciantes le acusan de coacciones, de un delito contra el mercado y los consumidores por el descubrimiento y utilización en provecho propio de secretos de empresa y de abuso de posición dominante.

Inversiones millonarias maltrechas

Las compañías que suscriben la querella trabajaron desde 2016 para la matriz norteamericana desde Madrid con la misión de promocionar la marca New Balance en España y Portugal y promover la creación de decenas de tiendas y puntos de distribución.

El contrato que las vinculaba a New Balance vencía en 2021 y, según se desprende de la documentación aportada, éste se prorrogaría tras el acuerdo alcanzado entre las partes hasta el 2026. Experience, con esa seguridad, hizo inversiones millonarias como la compra de locales y la contratación de personal para encarar la etapa de proyección de la compañía en Europa.

Los afectados argumentan que, tras ese desembolso, New Balance se desdice y, tras conocer la cartera de clientes y la información comercial y financiera de Experience, rompe con las empresas españolas dejando a más de 250 trabajadores en el paro.

Asfixia económica

Según la querella, New Balance, a la vista de los resultados financieros y comerciales de Experience, les ha dejado de suministrar productos (calzado y prendas deportivas), para causarles un ahogo económico que les obligase a venderles la red de distribución comercial a un precio menor. Las empresas españolas creen que esto puede ser una extorsión.

El pasado 18 de marzo, el juez comunicó también a la country manager en España de New Balance, Anna Rosa Scheidgen, y su hija, la directora de Operaciones, Ángela Scheidgen, el contenido de la querella y las citaron en su condición de imputadas. El juez también comunicó su situación procesal de “investigado” al vicepresidente mundial de la compañía, Pablo R. Guaron y éste a través de sus abogados, solicitó al magistrado declarar cuando sea citado a través de videoconferencia. El juez se ha negado, y el directivo tendrá que venir a España para declarar.

Los delitos que se imputan en esta fase procesal a Guaron y a las otras dos imputadas podrían suponer, en caso de sentencia condenatoria, una pena de entre seis y doce años de cárcel.