Las consultoras inmobiliarias consideran contraproducente la limitación del precio del alquiler

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), que agrupa a las principales consultoras inmobiliarias internacionales en España, considera errónea la medida adoptada por el Gobierno de limitar la revisión de las rentas de los contratos de alquiler. A su juicio, “no dará solución al actual problema y tendrá efectos contraproducentes”.

Según explica, esta decisión pone en riesgo la seguridad jurídica del mercado del alquiler al cambiar sus normas durante un plazo limitado. Por otro lado, afirma que “además de ser de dudosa efectividad”, la medida podría provocar grandes “daños patrimoniales y un frente de litigosidad de los propietarios hacia el Estado”.

Actualización de los precios

Con la introducción de esta norma, los grandes propietarios que actualicen los precios de los contratos de sus viviendas en alquiler hasta el 30 de junio deberán hacerlo siempre por debajo del Índice de Garantía de Competitividad. En el caso de los pequeños tenedores, el incremento del alquiler será pactado entre las partes, pero ante la ausencia de acuerdo, la actualización tampoco podrá superar el IGC.

Respecto a la duración de la medida, desde ACI explican que tiene muy corto alcance ya que “solo beneficiará a uno de cada cuatro inquilinos” al afectar únicamente a inmuebles cuya revisión de precios se produzca de abril a junio. Por otro lado, según la asociación, la norma supondrá que haya menos oferta de vivienda en alquiler.

Soluciones pactadas

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias considera necesario que el Gobierno revise esta medida y abra un diálogo con los agentes del sector para encontrar “soluciones pactadas y con efecto que sean beneficiosas para propietarios e inquilinos”.

El presidente de la ACI, Ricardo Martí-Fluxá, afirma que el asunto de la vivienda “debería ser una cuestión fundamental y de Estado en España”, y por ello considera que “deben adoptarse medidas con un previo consenso y resultados tangibles y visibles”. También apuesta por ahondar en medidas que velen por la seguridad jurídica de los agentes involucrados en el mercado del alquiler inmobiliario para que la actividad fluya “en un contexto de libre mercado”.