El límite del 2% que ha impuesto el Gobierno a la subida de los precios de los alquileres hasta el próximo 30 de junio tendrá un coste a asumir por los propietarios de viviendas de unos 560 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones del estudio realizado por Idealista.
La cifra se corresponde con la cantidad que dejarán de percibir los arrendadores que renueven sus contratos en los próximos tres meses al no poder aplicar el Índice de Precios al Consumo (IPC) a los nuevos contratos.
Plan de choque
Una diferencia sustancial, que roza los ocho puntos, dado que el último dato de evolución de precios, conocido este mismo miércoles, refleja un alza interanual del 9,8%, la cifra más elevada de los últimos 37 años, como consecuencia principalmente de la subida de los costes de la energía, los combustibles y los alimentos frescos.
Precisamente para tratar de paliar éste y otros efectos, el Consejo de Ministros aprobó este martes un paquete de medidas de choque que incluye la citada limitación en el precio de los alquileres hasta el cierre del segundo trimestre.
Inédito en democracia
Una de medida que Idealista califica como de "extraordinaria" y "nunca antes vista en democracia", dado que implicará que los contratos de alquiler dejen de usar el IPC como referencia para su renovación anual, para aplicar el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).
De acuerdo con el estudio llevado a cabo por el portal, los propietarios más afectados serán los de San Sebastián, Barcelona, Madrid y Bilbao, plazas en las que el precio medio de los arrendamientos son más elevados.
Un 7% menos
El precio mediano de alquileres se quedará un 7% por debajo del que resultaría de aplicar el incremento de la inflación. En el caso de la capital guipuzcoana, el efecto en doce meses será de una reducción de ingresos de 820 euros.
En el caso de Barcelona, la minoración se sitúa en torno a 800 euros anuales; para los propietarios de pisos en Madrid la cantidad es de unos 750 euros y algo menos, en torno a 725 euros anuales, en Bilbao.