La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha decidido continuar con el paro que lleva ya afectando a la cadena de suministro de toda España desde hace 12 días, según ha anunciado su presidente, Manuel Hernández, tras reunirse con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
"Lamentablemente, seguimos con el paro", ha dicho a la prensa Hernández, presidente de la plataforma convocante del paro por la subida del precio de los carburantes e integrada en su mayoría por transportistas autónomos y pymes, que se había comprometido a suspender su acción si el Gobierno garantizaba que se adoptarían medidas para que los profesionales puedan cubrir lo que les cuesta trabajar.
Negativa
Según Hernández, la ministra le ha dicho que lo harán a través de un "borrador de ley" en los próximos meses, y que hasta entonces no puede aprobar medidas transitorias para garantizar el cobro por encima de costes, lo que ha llevado a los transportistas a mantener su acción.
Después de que la ministra le haya instado a retomar la actividad de los transportistas a partir del lunes, Hernández ha dicho que, si en los dos próximos días la ministra no ofrece las garantías que quiere, el paro se mantendrá: "Nosotros ya no podemos poner más dinero, porque no lo tenemos".
Más de 1.000 millones de euros concedidos al sector
Este viernes por la mañana, unos 4.000 transportistas, según cifras de la delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para reclamar al Gobierno una reunión con Hernández que no ha colmado sus exigencias.
Este mismo viernes, y antes de la reunión con esta plataforma, el Gobierno ya había alcanzado un acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. Según el documento suscrito con estas asociaciones de transportistas, las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1.050 millones de euros. La medida entrará en vigor una vez se apruebe el decreto ley preparado para el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de marzo, como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania.