Nueva patada hacia adelante del Pacto Nacional por la Industria (PNI). Los agentes sociales y el Govern han acordado este lunes posponer la aprobación definitiva del acuerdo hasta mediados o finales de marzo en el transcurso de una reunión del Consejo Catalán de Empresa. Es decir, un mes más tarde del último aplazamiento consensuado por todos los actores involucrados.
"El pacto ahora mismo está muy verde", reconocen fuentes sindicales consultadas por Crónica Global. Pese a la premura de la consejería de Empresa y Trabajo por validar cuanto antes el documento, el consejero Roger Torrent ya ha tropezado dos veces con el ambicioso calendario anunciado en otoño del año pasado.
En busca de un PNI transformador
La idea del conseller pasaba por empezar a ejecutar las medidas contempladas en el PNI en enero de este 2022. Pero la indefinición del gasto presupuestario, así como la ausencia de iniciativas transformadoras en el redactado, han obligado a retrasar las negociaciones. Los agentes sociales quieren que el pacto, que debe dar continuidad a la planificación previa agotada en 2020, mejore algunos aspectos del anterior acuerdo y no se limite a una recopilación de políticas que el departamento de Torrent ya tenía previstas de antemano.
Por ello, la reunión de la mesa del PNI programada el próximo jueves, 24 de febrero, se ha anulado. Las organizaciones de trabajadores reclaman más tiempo para estudiar a fondo el plan del Govern --el último borrador, que se ha discutido hoy, se recibió el pasado viernes-- y la inclusión de propuestas sugeridas por los sindicatos que no han sido recogidas por Empresa. "Hay que mejorar también la coordinación interna entre consejerías", apostilla otra fuente.
Posición de CCOO y UGT
Hasta el momento, CCOO ha sido la organización más crítica con la marcha de las negociaciones. El primer sindicato catalán ha difundido un duro comunicado en que reprocha la "falta de ambición estratégica" e "insuficiente concreción presupuestaria" de la agenda industrial sometida a debate. También fuentes de UGT reprochan la escasa definición en áreas como la responsabilidad social corporativa, las garantías de empleo o las ayudas para los sectores más golpeados por el Covid-19.
Por otro lado, Foment del Treball también ha puesto deberes al Govern: eliminar la moratoria de incineradoras y suprimir el proyecto de impuesto a las actividades generadoras del CO2. La patronal catalana tampoco quiere levantarse de la mesa de negociación, pero llama a recuperar el "espíritu" de la anterior negociación para mejorar el resultado de las negociaciones en marcha.
Palancas transformadoras
Aunque todos los interlocutores están de acuerdo en que hay margen para rubricar un documento mejorado, con actuaciones novedosas y dotación presupuestaria suficiente --por el momento, sobre la mesa hay 2.800 millones de euros--, aspiran a que el Govern acepte sus enmiendas en las próximas semanas.
Entre éstas destaca el acento sobre sectores transformadores, como la industria de baterías eléctricas, microprocesadores o biorrefinerías, entre los nichos por potenciar hasta 2024. También se espera que el pacto esté equilibrado territorialmente e impulse la instalación de renovables. Demasiados flecos abiertos para dar luz verde a un pacto que, de momento, está muy verde.