El Pacto Nacional por la Industria (PNI) se aprobará, pero con retraso. Las negociaciones lideradas por la Consejería de Empresa y Trabajo para reformular las políticas industriales del Govern han tropezado con un calendario demasiado rígido y ambicioso.
Pese a que el consejero Roger Torrent anunció en septiembre del año pasado que este enero estaría listo el nuevo documento que regirá el periodo 2022-2025, fuentes del diálogo social consultadas por Crónica Global desconfían de esta fecha. No solo porque las medidas no están definidas, sino porque los recursos económicos que está dispuesto a movilizar el Govern todavía no están claros.
Más reuniones de trabajo
"A principios de diciembre, como vimos la situación real en que nos encontrábamos, acordamos mutuamente convocar una nueva ronda de reuniones en enero. Pero calculo que no tendremos el pacto listo ni este mes ni a finales de febrero. Faltan muchos temas por trabajar y todavía debemos garantizar suficiente presupuesto para medidas clave", resume un alto cargo de UGT.
Este mismo jueves se reanudan los encuentros de los cinco equipos de trabajo que discuten los cinco epígrafes del plan: financiación y dimensión empresarial, infraestructuras y suelo industrial, capital humano, digitalización e internacionalización y sostenibilidad. En conjunto no está consensuado aún un borrador que concierte las visiones sectoriales de patronales, sindicatos y otros actores como los centros tecnológicos y universidades catalanas reunidos en el pacto.
Pacto sin cifras, todavía
Un portavoz del Departamento ha confirmado que todos los actores decidieron mutuamente mover hacia adelante la fecha límite. Pero señala que las conversaciones están suficientemente adelantadas para sacar adelante el texto solo con un ligero retraso y, en cualquier caso, en menos tiempo que el anterior pacto.
Esta visión no la comparten otros interlocutores. De hecho, todavía no se cuenta con ninguna cifra aproximada de presupuesto porque hasta que la propuesta no tome cuerpo no se podrá calcular con certidumbre. Aunque la cantidad estará lejos de los 4.000 millones del proyecto homólogo del gobierno vasco y más cercano a los 1.835 millones del PNI previo, tal y como publicó Crónica Global. Preguntada sobre esta cuestión, Foment del Treball ha guardado silencio.
Indefinición en las medidas
Pero más allá de los números, la letra también preocupa. Sobre todo porque algunos actores recelan del alcance real del acuerdo. "En el otro pacto entorno al 80% de medidas ya se estaban haciendo o se tenía previsto hacer con la acción ordinaria del Govern. Ahora queremos que haya medidas disruptivas de verdad y saber cuánto de más quiere gastar el Govern en industria respecto a lo que se venía haciendo", señala un conocedor de las conversaciones.
En este sentido, la definición de las medidas tractoras y las medidas de acompañamiento y su correspondiente dotación ocupan buena parte de la discursión. Las primeras son iniciativas más generales, mientras que las segundas se enfocan en aspectos concretos, pero son las tractoras aquéllas que verdaderamente inciden sobre las empresas y en las que se busca concreción económica.
Influjo de los 'Next Generation'
Una de las críticas del anterior PNI fue la falta de audacia en incorporar acciones transformadoras en ejes que ahora, tras la llegada de los fondos Next Generation, cobran más importancia como la transición digital y la sostenibilidad. La mayoría de medidas relacionadas con ocupación y competitividad centraron el anterior documento --fueron, además, las que se llevaron la parte del león de la financiación--.
Esta vez, al menos sobre el papel, la voluntad es distinta. "En los textos que tenemos sí que hay una visión más transversal de la sostenibilidad a lo largo de todo el pacto. Lo que hace falta es que realmente las medidas de impacto estén vinculadas con un esfuerzo presupuestario", resumen desde UGT.