Golpe al anteproyecto de Ley de la Vivienda a cargo de los jueces. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido este viernes en sesión extraordinaria, ha rechazado la aprobación del informe que avalaba en líneas generales el contenido de este documento, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros a finales del pasado mes de octubre.

Por una mayoría de 15 votos frente a 6, el órgano de gobierno de los jueces ha desestimado el borrador del informe remitido a sus miembros en los pasados días a través de estimación de una serie de alegaciones presentadas por el vocal Enrique Lucas, convertidas en una enmienda a la totalidad, en las que se cuestiona que el Estado tenga competencias para legislar sobre una materia que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas.

Nuevo informe más beligerante

Además, la situación se complica aún más para el futuro de la norma que pretende aprobar el Gobierno, toda vez que el CGPJ ha acordado encargar un nuevo informe sobre el anteproyecto cuyo ponente será el propio Enrique Lucas, acompañado de José Antonio Ballestero, cuyo voto también ha sido negativo.

De este modo, todo parece indicar que el nuevo informe, que se someterá a votación en Pleno el próximo 27 de enero, será notablemente más beligerante contra el anteproyecto, que esperaba desde hace tiempo el dictamen de los jueces para iniciar el trámite parlamentario.

Competencia autonómica

En el escrito de alegaciones, Lucas argumenta que el informe elaborado por Álvaro Cuesta toma como punto de partida erróneo el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, cuando debería haberlo hecho con el 148.1.3º, que recoge el fundamento de las competencias autonómicas.

Lucas considera que este artículo también ha de ser interpretado como un límite para las competencias del Estado, lo que se contradice con la aprobación de una normativa en este ámbito.

Mayor concreción

Entre los votos en contra que ha recibido la ponencia de Álvaro Cuesta se encuentra el del presidente del GGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

El informe avalaba en líneas generales el contenido del anteproyecto aunque sí indicaba la necesidad de que concretara algunos términos y también definiera de forma más adecuada mecanismos para el control de los precios de los alquileres en zonas pensionadas, uno de los puntos más debatidos de los que incluye.

Alarma en el sector

También observaba que el texto no contenía evidencias que demostraran la eficacia de estas medidas, un factor que consideraba importante con vistas a no dejar en manos de los jueces toda la carga de las futuras reclamaciones que pudieran surgir de su aplicación.

El anteproyecto aprobado por el Ejecutivo ha generado inquietud en el sector inmobiliario por aspectos como el citado de los precios y otros como la obligación de reservar un 30% del suelo de las promociones futuras a vivienda social, un aspecto por el que el informe que ha sido rechazado pasaba de puntillas.