El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo laboral pactado in extremis con los sindicatos y la patronal. Cumple de este modo la promesa de dar luz verde a las nuevas reglas de juego que regulan el trabajo en el país antes de que termine el año. La letra pequeña de la norma aún no está concretada, ya que el Decreto Ley podría modificarse si finalmente se tramita en el Congreso de los Diputados, como se apunta cada vez con más fuerza, y no solo se convalida tal y como pide la parte empresarial, que ha mostrado un mayor malestar con los posibles cambios que pueda sufrir el texto pactado en la mesa de diálogo social.
Por ello, la CEOE ha anunciado que se desmarcará de la tradicional foto junto a UGT, CCOO y el Ejecutivo en La Moncloa. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha asegurado que no firmará ningún documento hasta cerciorarse de que la literalidad del acuerdo no resulta alterada. Precisamente, este fue el motivo que distanció en el último comité ejecutivo de la CEOE a algunas organizaciones como Foment del Treball y CEIM de la posición defendida por presidencia.
"No tocar ni una coma"
De hecho, el vicepresidente de la patronal y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha afirmado que "no están dispuestos" a que "se toque una sola coma" del texto acordado.
El portavoz ha asegurado que, "de forma indudable", la CEOE "no va a estar en ninguna foto hasta que termine el trámite parlamentario". Asimismo, ha reivindicado que el citado acuerdo "mantiene la flexibilidad de las empresas" y es fruto de la "responsabilidad de los interlocutores sociales".
El Gobierno busca socios
En los últimos días, se han intensificado las negociaciones entre el Gobierno y distintos grupos de la oposición para lograr suficientes apoyos en la Cámara Baja para aprobar la reforma. Tras el rechazo de ERC y Bildu, el Ejecutivo se mueve en busca de los apoyos de PNV y Cs, aun cuando eso suponga enmendar algunos capítulos del documento suscrito con los agentes sociales.
En concreto, los nacionalistas vascos han reclamado que los convenios autonómicos tengan prevalencia frente a los estatales, cuestión que ya ha sido rechazada por CEOE. Por su parte, la formación naranja ha tendido su mano al Ejecutivo para sacar adelante la nueva legislación laboral.
Pacto de mínimos
En cualquier caso, las líneas generales de la reforma consensuada entre UGT, CCOO, CEOE y Gobierno diluyen la promesa original de derogar la reforma previa de 2012. Así, el pacto cede en el ámbito de la flexibilidad interna de las empresas y renuncia a endurecer las indemnizaciones por despido improcedente. Por otro lado, se privilegian los convenios sectoriales sobre los empresariales, aunque solo en materia salarial.
El principal punto de acuerdo entre todos los actores ha sido la lucha contra la temporalidad, por lo que se ha condicionado la contratación de trabajadores eventuales a circunstancias más específicas y periodos más breves. Este pacto de mínimos entrará en vigor de forma inmediata el próximo 1 de enero, aunque queda por ver cuál será su contenido definitivo una vez se despeje la incógnita de su tramitación parlamentaria.