Entre febrero de 2006 y agosto de 2013, los años más duros de la crisis económica, los grandes fabricantes de vehículos se sentaron en la misma mesa para romper las reglas del juego que rigen el libre mercado. Durante siete años las principales marcas de automóviles se reunieron periódicamente en foros e intercambiaron información sensible sobre tres líneas de trabajo: márgenes con concesionarios y volumen de ventas, servicio de posventa y fidelización de clientes, y políticas de márketing.

Este intercambio de información en su propio beneficio y en detrimento de los clientes les permitió manipular los precios de los automóviles en el mercado y acabar con la competencia libre entre los fabricantes, sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Durante ese periodo de tiempo, vendieron 10 millones de vehículos a precios abusivos.

9.850.000 afectados lo ignoran

Pablo Chamizo, presidente de la Agrupación de Afectados por el bautizado como cártel de los coches, se enteró de que él era uno de los afectados por casualidad. “Soy arquitecto. A mediados 2008, en plena crisis inmobiliaria, surgió la necesidad de adquirir un coche para la familia con el esfuerzo económico que eso suponía. Después de buscar en muchos concesionarios y entre muchas marcas, no logramos dar con un precio más barato, daba igual, no había competencia. Al final nos decidimos y compramos”, recuerda Chamizo. “Hace poco, por casualidad, vi una noticia que hablaba de esto y descubrí que las marcas habían pactado los precios entre ellas”.

A partir de ese momento, Chamizo se dedicó a buscar a otra gente que, como él, hubiera sido víctima de esta estafa. “Cuando nos enteramos de la dimensión del problema creamos la agrupación”, explica. “Hemos acordado unas condiciones de colaboración con el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo que permite que los afectados reclamen sin avanzar dinero, por lo que hemos agrupado ya a 49.000 personas que desean reclamar el sobrecoste abonado”.

Más del 90% de las marcas implicadas

Desde el despacho, Atilano Vázquez, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo en Galicia, asegura que todavía hay mucha gente que ni siquiera sabe que puede ser víctima de esta estafa. “Quien quiera reclamar, que reclame pero, al menos, la gente tiene derecho a conocer lo que ha sucedido”, asegura.

Por este ilícito, el 23 de julio de 2015, en una resolución histórica, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia sancionó a 21 fabricantes y 130 concesionarios a pagar una multa multimillonaria tras haber demostrado que habían fijado los precios de mercado. Esta multa afectó prácticamente al 100% de las marcas del mercado: Citroen, Mitsubishi, BMW, Cheverolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Opel, Honda, Hyundai, KIA, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Lexus, Toyota, Audi, Skoda, VW, Saab y Volvo.

Obraron de mala fe

Las marcas presentaron varios recursos, todos ellos desestimados. Recientemente el Tribunal Supremo ha confirmado, con la emisión de varias sentencias, que los fabricantes de vehículos obraron de mala fe al falsear el mercado para aumentar sus ganancias. “Ha quedado perfectamente constatado el abuso y la manipulación de precios. Tenemos que buscar los cauces para que ese ilícito pueda tener una fase de negociación y si no, vía judicial que se repare y se devuelva ese sobrecoste a los afectados”, asegura Vázquez.

Aunque en los últimos días la agrupación ha recibido 150.000 llamadas, hasta alcanzar los 10 millones de afectados queda mucho trabajo por hacer. “Nuestro ánimo no es litigar contra los 21 fabricantes si no es imprescindible, el escenario ideal es alcanzar una solución amistosa mediante una negociación que beneficie a todos. Para las marcas, el daño reputacional será muy relevante y el coste del litigio, enorme. Estamos estudiando una estrategia para solucionar esto de la mejor forma posible, no queremos embarcarnos en años de pleitos”, incide José Martínez Peña, socio de Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid.

Un año para reclamar

Desde el despacho remarcan la importancia de que esta información llegue a los consumidores en el menor tiempo posible porque el periodo de reclamación prescribe en un año. En este sentido, Juan José Marín, uno de los afectados de cártel, explica que los plazos se están demorando más de lo deseado por la falta de colaboración de los concesionarios a la hora de facilitar las facturas. Pero si así pretenden eludir su responsabilidad, están equivocados.

“En aquellos casos en los que no haya factura debemos buscar alguna otra prueba”, explican los abogados. El juez no estimará ninguna demanda si no existe justificación de ese pago, pero en lugar de la factura, podría servir también el resguardo de una transferencia o incluso el pago del impuesto de matriculación de dicho vehículo. “La Agencia Tributaria o Tráfico podrían conservar estos documentos porque muchos de los vehículos siguen en activo”, explican desde Cremades & Calvo Sotelo.   

¿Cómo proceder?

Los afectados solicitan a las marcas que, esta vez, se sienten con ellos a la mesa para negociar la devolución del sobreprecio que pagaron en su día por los turismos. No obstante, desde el despacho reconocen que no será tarea fácil. La cuantía a devolver tendrá que estudiarse de manera individualizada, dependiendo del modelo y de la comunidad en la que se efectuó la venta. Sin embargo, los juristas recuerdan que muchas de las personas han hecho un gran esfuerzo para comprarse un coche y que, solo por eso, merecen ser “reparadas”.

Para todo aquel que se haya comprado un coche entre 2006 y 2013 y sospeche que ha podido ser estafado por el cártel del coche, la agrupación de afectados pone a su disposición todas las herramientas necesarias en afectadoscartelcoches.es para informarse y, si lo desea, unirse para optar a su merecida reclamación.