La cementera de Lafarge en Montcada i Reixach se ha quedado sin licencia ambiental tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula el certificado que expidió la Generalitat in extremis como reacción a los anteriores varapalos judiciales. No es la primera vez que el alto tribunal catalán se pronuncia en contra de los permisos de la fábrica. El conflicto incluso ha llegado al Supremo con los mismos resultados.
Los vecinos afectados por la contaminación acusan a la empresa de cementos de maniobrar de forma “torticera” para mantener en marcha unas instalaciones que consideran ilegales; y a la Generalitat, de proteger a la compañía. Ahora, reclaman que las sentencias se cumplan, pero la firma, que forma parte del grupo suizo Holcim, asegura que no parará la producción, por lo que el conflicto se podría alargar durante meses.
“Maniobra torticera”
Desde la defensa de la Agrupación de Vecinos de Can Sant Joan, Albert Calduts recuerda que “hay varias sentencias firmes que declaran la nulidad de la autorización ambiental”. Y considera que “es falso” que el centro pueda seguir activo, como alega la empresa. El abogado especialista en medio ambiente cree que los últimos movimientos judiciales de Lafarge han sido una “maniobra torticera” lanzada “al ver que se les hundía el barco”.
Sin embargo, Calduts también es crítico con la Generalitat, a quien acusa de hacer “ingeniería jurídica creativa” para proteger a la compañía, que también opera fábricas en Sagunto, Jerez, Carboneras y Villaluenga. “Todo son excusas”, reprocha el letrado.
La cementera de Lafarge en Montcada / LAFARGE
El conflicto se alarga
La Consejería de Acción Climática, liderada por Teresa Jordà (ERC) y encargada de emitir los certificados, ha admitido a Crónica Global que “ha habido una sentencia, parece que firme”, aunque matiza que la “están analizando los servicios jurídicos”. Justifica que se trata de una cuestión compleja de la que evita pronunciarse hasta que se haya analizado y los asesores legales del Govern sepan “qué supone”.
La Administración autonómica evita así dictaminar si el centro debe o no cerrar. “Hay que mirar si hay más vías y qué decide cada parte”, añaden los mismos interlocutores. Pero la defensa de los vecinos argumenta que “la única manera que tienen la empresa y la Generalitat de seguir funcionando es solicitar una licencia nueva y hacer el estudio de impacto ambiental”, un proceso que, según los denunciantes, tardará años, durante los cuales la actividad industrial debería quedar paralizada. En cuanto a la ejecución de las sentencias reclamada por el movimiento vecinal para cerrar la factoría, Calduts cree que “puede ser cuestión de días o de meses”, según lo que tarden los jueces en ejecutarlas, Porque da por sentado que los tribunales lo determinarán en este sentido.
Impacto en la salud
José Luis Conejero, presidente de la agrupación vecinal, afirma que la consejería ha actuado con “favoritismo” con respecto a la cementera. Manifiesta que la factoría ha provocado un “problema de convivencia” en el barrio donde está instalada. “La fábrica emite muchos productos altamente peligrosos”, denuncia el líder de la AVV Can Sant Joan, que advierte de que “cada vez hay mas problemas de cáncer y de respiración” en la zona. “Cuando nos pasa esto, no es cuestión de mala suerte, sino porque estamos viviendo en un ambiente contaminado”, lamenta.
La sentencia del TSJC, a la que ha tenido acceso este medio, estima el recurso de los vecinos y anula la licencia expedida en 2015 y renovada en 2017, que deja “sin efecto jurídico". Además, condena a Lafarge y la Generalitat a pagar las costas del procedimiento judicial, algo que ya es un correctivo de por si, y pone el caso en conocimiento de la fiscalía “por si pudiera considerar la posible existencia de responsabilidades penales en la actuación administrativa”. Todo ello da más argumentos al movimiento que pugna desde hace años por cerrar la factoría.
Efectos de la factoría sobre la economía local
En cuanto a LafargeHolcim, el día antes de que se divulgara la sentencia lanzó un comunicado en el que aseguraba que entre 2019 y 2020 realizó en España una inversión ambiental de más de 15,5 millones de euros destinado "en más del 75% a la reducción de su huella de carbono". Asimismo, recordó que cuneta con un "compromiso con las comunidades" donde sus centros de trabajo están presetnes y que "prioriza los proveedores de proximidad" en sus servicios y sacó pecho de los proyecos de Inversión Social Estratégica (ISE) "basados en materias como educación, salud, medio ambiente u ocupación" que beneficiaron "a más de 26.300 personas" en el ejercicio de mayor impacto de la pandemia.
Otro de los efectos sobre la economía local de la cementera que se ha deslizado en el marco del conflicto ambiental son los "más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos" y la "aportación de 18,8 millones de euros a la economía de la zona". La fábrica de Montcada i Reixach está dirigria por Vicente Pedro.