El TSJC anula la licencia ambiental de la cementera de Lafarge en Montcada

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado y dejado sin efecto jurídico la licencia ambiental otorgada por la Generalitat a la planta de Lafarge Cementos ubicada en Montcada i Reixac (Barcelona).

En una resolución, el TSJC ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por los vecinos del barrio de Can Sant Joan de la localidad y condena al pago de las costas tanto a la Generalitat como a la empresa. Además, el tribunal ha enviado la sentencia al Ministerio Fiscal por si "pudiera considerar la posible existencia de responsabilidades penales en la actuación administrativa de que se trata".

Tercer varapalo a Lafarge

Es la tercera ocasión que el TSJC falla a favor de los vecinos y declara nulas las licencias concedidas a la compañía. Además, el Tribunal Supremo (TS) no ha admitido los recursos de casación de los demandantes, por lo que la empresa actualmente no tendría licencia para funcionar.

En enero del 2020, el TSJC ya dejó a Lafarge sin la licencia ambiental expedida por la Consejería de Territorio tras el proceso jurídico iniciado por los vecinos del barrio de Can Sant Joan de la ciudad metropolitana.

Una licencia necesaria

La empresa necesita dicha autorización, emitida en 2015, para poder fabricar este conglomerante en el municipio, pero el tribunal ya advirtió que su concesión se basó en un estudio de impacto ambiental de 2008 que se encontraba fuera de normativa, motivo de la revocación.

Sin embargo, poco después del fallo Lafarge anunció que recurriría la sentencia del Alto Tribunal catalán y que mantendría la actividad de la fábrica. Un recurso que finalmente no ha prosperado.

El centro seguirá operando

A pesar del mazazo del TSJC, Lafarge ha avanzado que no cerrará el centro de producción. "En ningún momento la sentencia dice que se tiene que parar la actividad", aseguran los portavoces al ser consultados por Crónica Global, que dejan la pelota en el tejado de la Generalitat, ya que es "la Administración quien tuvo el defecto de forma".

"En ningún momento dice la sentencia que ha habido mal comportamiento ambiental", reiteran los mismos interlocutores, que afirman que "la empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos legales en cuanto a materia ambiental", tanto en el marco jurídico nacional como europeo e incluso ha ido "más allá", ya que "las inversiones que se han hecho en los últimos años en mejorar [las instalaciones] ascienden a 15 millones de euros". Asimismo, apuntan que la factoría ha pasando "todas las inspecciones" y, aunque son conscientes de las críticas --"escuchamos lo que dicen los vecinos"-- insisten en que "no es verdad que tenga un problema ambiental".