Pere Palacín: "En Cataluña hay más oposición a las renovables que en otras autonomías"

Pere Palacín (Vilaller, 1962) es uno de los mayores expertos sobre el funcionamiento del mercado energético en España. No solo por su dilatada trayectoria académica, sino porque lo ha conocido desde dentro. En sus 14 años como técnico de Red Eléctrica de España, vio nacer el sistema de cálculo de la factura de la luz --y lo criticó en su momento--. En 2013, el ingeniero asumió el mando de la Dirección de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat y pilotó una reforma para facilitar la instalación de parques solares y eólicos en la comunidad. El sector aplaudió el nuevo modelo, basado en un organismo de decisión interdepartamental. Su paso por el Govern terminó en 2020, cuando abandonó de forma voluntaria sus responsabilidades. Desde entonces, se dedica a la docencia en el IQS School of Engineering, centro universitario fundador de la Universitat Ramon Llull.

--Pregunta: Empecemos por el recibo de la luz. La factura eléctrica lleva meses batiendo récord tras récord y parece no tener fin. ¿Es irreversible esta situación?

--Respuesta: El mercado eléctrico español es de precio marginal, es decir, la última central es la que marca el precio de todas las tecnologías. ¿Por qué es tan cara la luz ahora? Porque quien marca el precio es el ciclo combinado a partir del gas, y el precio del gas ha aumentado mucho en los últimos tiempos. Piensa que un ciclo combinado tiene un rendimiento de entre el 45% y el 55%, lo que significa que por cada megavatio/hora eléctrico se necesitan dos megavatios/hora de gas. Además, tenemos que añadir a la factura los costes del dióxido de carbono (CO2). Un megavatio/hora de ciclo combinado produce unos 400 kilos de CO2. La tonelada de CO2 está cotizando entre 24 y 26 euros de megavatio/hora. Si se suman ambos factores, nos vamos a precios de más de 150 euros.

--¿Qué motivo llevó a elegir este sistema para el mercado eléctrico?

--El sector se liberalizó con la ley 54/1997, que entró en vigor el 1 de enero de 1998. Desde entonces rige el precio marginal, que en aquel momento se consideró que iría muy bien. Yo trabajaba en Red Eléctrica de España cuando se impulsó este modelo, pero no estuve a favor y lo expliqué en su momento. Se me llegó a tachar de antiguo. Pero los primeros que lo plantearon, los británicos, ya lo han abandonado. Este mercado solo funcionaría bien si hubiera energía suficiente de todas las tecnologías.

--¿Se podría cambiar?

--Quizá podrían crearse dos mercados. Uno para una serie de tecnologías que están dispuestas a dar un precio más barato, porque no podemos definir cuánto valdrá el gas y el CO2 de aquí tres meses, pero estas centrales deben estar disponibles para el día que hagan falta. Y el resto de tecnologías, cuyas materias primas no cambian en el tiempo como el agua o la nuclear, que vayan a otro mercado. No podemos pensar solo en energías verdes, tenemos que hacer algo cuando no brille el sol ni sople el viento.

--Resumiendo: ¿le parece malo el cálculo del precio en el mercado regulado?

--Para mí el precio marginal no es un buen modelo para el mercado eléctrico. Como mínimo, hay tecnologías que deberían estar fuera de este mercado. ¿O es que el viento es más caro porque el gas sea caro? ¿El agua es más cara porque aumente el petróleo?

--Las rebajas o supresión de algunos tipos, como el impuesto de electricidad, el IVA y el impuesto de generación eléctrica, ¿tendrán algún reflejo sobre la factura?

--Tendrá un reflejo en lo que pagamos, pero no es una solución a largo plazo. Y si se dejan de pagar impuestos, quien tendrá un problema será el Estado. Debemos dar una definición exacta de lo que es un recibo de la luz: una parte corresponde al coste de la energía, otra son los costes fijos y una tercera son los impuestos. En los costes fijos están la actividad del transporte, la distribución, el operador del sistema, el operador del mercado... Pero si salen de la factura, deberán ir a otro sitio.

--Al presupuesto general del Estado.

--Claro. Si en un recibo el coste de la energía asciende de media entre el 35% y 40%, los peajes y cargas suponen otro 35% y 40%, y lo que son impuestos como tales están alrededor del 30%. Se podría tocar este tercio y sacar algunos elementos de los peajes y cargas como los costes extrapeninsulares y las antiguas primas de las renovables.

--Pasando a las renovables, ¿por qué Cataluña está tan atrasada en la conexión de nueva potencia de origen verde?

--Hay varios motivos. Primero, que el decreto 147/2009 que tuvimos hasta 2019, elaborado durante el tripartito, planteó un modelo concursal en determinadas zonas de desarrollo prioritario. Los operadores que ofrecían la mejor oferta se llevaban el concurso. Se sacaron las licitaciones, hubo recursos tras algunas adjudicaciones y entre medias, en 2013, cayeron las primas a las renovables. Además, el territorio y la sociedad catalanas son diferentes.

--¿Por qué?

--El territorio es distinto porque tenemos playa, montaña, mucha zona protegida y de regadío. Además, los catalanes socialmente no estamos demasiado por las renovables, porque nos parece que ya aguantamos muchas infraestructuras. Por otro lado, somos una comunidad donde la población está muy distribuida, el territorio está muy poblado.

--Pero muchos planes de renovables con oposición del territorio se ubican en lugares poco poblados.

--En Cataluña hay más oposición que en otras autonomías a estos proyectos. A todos nos gustan las renovables, pero no en nuestra casa, sino en la del vecino. Se han construido muchas infraestructuras importantes como carreteras, trenes y eléctricas, pero estas últimas son las que tienen menos aceptación social.

--¿Qué valoración hace de la ponencia de energías renovables de la Generalitat estrenada en 2019?

--La ponencia fue una idea muy buena porque se evalúan los proyectos antes de emprender una gran tramitación. Sé que se han presentado muchos proyectos, aunque hay una cierta parálisis porque está en marcha una nueva normativa. Me consta que esta situación preocupa al sector. Pero no quiero echarle culpas a la ponencia, ya que primero hay que saber cómo funciona. Los promotores deben presentar, entre otras cuestiones, unos avales de 40.000 euros por megavatio. Y no siempre se han presentado estos avales. Además, el Gobierno aprobó un real decreto ley 23/2020 preocupante que fija unos plazos, como una carrera de obstáculos en un periodo de cinco años.

--¿Pero este decreto estatal no es solo para proyectos que no superan una potencia determinada?

--No, es para todos. Si presentas un proyecto de menos o igual a 50 megavatios, la tramitación es autonómica. Pero si es mayor de 50 megavatios debe ir al Ministerio para la Transición Ecológica. Pero en cuanto a los permisos de acceso, conexión y puesta en servicio rige el real decreto ley. El ministerio lo justifica para que los impulsores no se queden la autorización o la revendan.

--¿La política energética debería contar con una consejería propia?

--No sé si debería tenerla, pero creo que debería estar al máximo nivel. Si no somos competitivos, estamos perdidos. Para muchas industrias, el precio de la energía se ha vuelto tan importante o más que el de otras materias primas o el coste del personal.

--En Cataluña, ¿cuáles son las fuentes renovables que ve con más futuro?

--La biomasa forestal es competitiva para producir calor en entornos industriales, aunque no para producir electricidad. Para este fin hay que ir a las renovables, eólica y fotovoltaica. Se habla mucho del hidrógeno, pero debe ser verde. Y creo que Cataluña tiene una oportunidad muy importante en cuanto a los bombeos hidráulicos. Nuestro país debe decidir entre tres posibilidades: renovables, mantener las nucleares --el Govern quería cerrarlas antes de 2030, mientras que el Gobierno fijó el cierre en 2035-- o que la energía nos venga de fuera. La sociedad catalana debe tener este debate.